El Parlament ha aprobado un decreto para garantizar el derecho a la eutanasia que prevé la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, así como una Comisión de Garantía y Evaluación.
En el pleno del Parlament de este miércoles, la Cámara ha validado este decreto tras el voto favorable de todos los grupos parlamentarios y el ‘no’ de Vox y el PP.
La Comisión estará compuesta por un mínimo de siete miembros, entre los cuales deberá haber profesionales sanitarios y juristas para controlar el cumplimiento de los requisitos legales para obtener la prestación de la ayuda a morir y resolver en vía administrativa las reclamaciones que se planteen.
En cuanto al registro de profesionales objetores de conciencia, este debe someterse al principio de estricta confidencialidad, así como a la normativa de protección de datos de carácter personal, y busca facilitar la información necesaria a la administración competente para garantizar la adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir.
DEBATE
En la intervención de los grupos parlamentarios, la diputada de Socialistes i Units per Avançar Assumpta Escarp se ha mostrado a favor de los dos puntos del decreto, aunque insistiendo en que la objeción de conciencia debe ser siempre individual: «En ningún centro del sistema público de salud se puede negar la aplicación de la ley de la eutanasia», ha dicho, y ha añadido que aún queda trabajo por delante, como hacer más accesible el documento de voluntades anticipadas.
En su turno de palabra, el diputado de ERC Juli Fernández, ha recordado que Esquerra ya llevó al Parlament la propuesta de despenalizar la eutanasia hace 25 años y ha destacado que la objeción de conciencia es un derecho individual de los profesionales, «en ningún caso» de una institución, asimismo, ha agradecido el trabajo a las asociaciones que ayudaron a impulsar la ley del derecho a morir.
Por su parte, la diputada de Junts Assumpció Laïlla se ha mostrado a favor de los dos puntos del decreto y ha explicado que con la aprobación de ley de la eutanasia aparece un nuevo derecho: «Hay que garantizar el derecho objetor de conciencia», ha dicho, y ha destacado que debe garantizarse que los datos del registro sean confidenciales.
El diputado de Vox Ignacio Garriga ha dicho que se habla de Comité de Garantía y Evaluación cuando en realidad debería hablarse de «comité de la muerte» y ha señalado que su grupo quiere liderar la cultura de la vida invirtiendo en cuidados paliativos.
La diputada de la CUP Laia Estrada ha dicho que esta es una «ley de mínimos», especificando que ya existen comités en cada centro hospitalario y que tampoco pueden ponerse ideologías personales por encima de derechos colectivos: «Exigimos que se impidan objeciones de conciencia institucionales y que si se detectan se rescindan los convenios con aquellos hospitales que cedan a las presiones de los ‘lobbys’ eclesiásticos».
El diputado de En Comú Podem David Cid ha dicho que la creación de la Comisión es un acierto y que el registro es preceptivo, destacando que hay que encarar el reto de que la objeción de conciencia debe ser individual para garantizar «que cualquier personas en cualquier centro hospitalario pueda acogerse a este derecho».
El diputado de Cs Matías Alonso ha lamentado la «falta de diligencia» del Govern a la hora de cumplir los plazos de la publicación del decreto y ha dicho que el verdadero reto debe ser garantizar que ningún enfermo quiera morir por una falta de asistencia de calidad o recursos para seguir viviendo.
Por su parte, el diputado del Grupo Mixto Alejandro Fernández ha dicho que «cuando se legisla de manera reactiva sobre un tema tan delicado se renuncia a buscar consensos más amplios», no se desarrolla adecuadamente el concepto de cuidados paliativos y se producen vacíos legales en relación a la disposición de la justicia sobre el derecho a la vida, algo que –en sus palabras– es grave y traerá importantes problemas, incluidas denuncias individuales.
