El Colegio de Veterinarios de Valencia (ICOVV) ha remitido una carta al Gobierno central para solicitar la creación de un nuevo cuerpo de peritos veterinarios para juicios por casos de maltrato animal.
La institución colegial recuerda que el fiscal de Medio Ambiente de Valencia, Eduardo Olmedo, pidió «auxilio» ante la carestía de peritos forenses, cuyos informes son «claves» en los juicios por maltrato animal. Lo hizo el pasado 17 de junio en el transcurso de un encuentro en la sede del ICOVV entre veterinarios y letrados especializados y vinculados con la sección de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Valencia.
A raíz de este llamamiento hasta 37 colegiados valencianos se han apuntado a la bolsa de voluntarios ya existente. Pero, con todo y dada la magnitud del problema, tal solución no parece suficiente. De ahí, que la presidenta del ICOVV, Inmaculada Ibor, haya trasladado recientemente por carta al director general de Derechos de los Animales del Gobierno, Sergio García así como al propio presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Luis Alberto Calvo, una propuesta para que, al calor de las reformas legislativas que en esta materia ahora están en trámite, se promueva la creación de un Cuerpo de Peritos Veterinarios a escala nacional. La iniciativa cuenta también con el apoyo de la presidenta del Colegio de Veterinarios de Tenerife, M. Luisa Fernández Miguel
«Hasta el momento, muchos peritos veterinarios han actuado de forma voluntaria, aportando su criterio técnico frente a este tipo de delitos pero el cambio de normativa está poniendo de manifiesto que esta colaboración altruista no es suficiente, y que para transformar en profundidad la perspectiva de la judicatura y de la sociedad en general, es imprescindible la profesionalización de todos los sectores implicados, incluidos los peritos veterinarios», explica Ibor en la misiva.
Se refiere así la presidenta del ICOVV al conjunto de cambios legales claves que se están produciendo en este terreno, tanto a nivel autonómico –con el anteproyecto de Ley sobre Protección de Animales de Compañía en el caso de la Comunitat– como especialmente en el nacional, con las modificaciones que ahora se están impulsando y que se derivan del reconocimiento de los animales domésticos como «seres sintientes».
Una nueva perspectiva legal que el Congreso ya ha aprobado que provocará cambios jurídicos trascendentes en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Hipotecaria y que, en el caso concreto de los maltratos, se ha anunciado que podría derivar también en modificaciones en el Código Penal y en la aprobación de una nueva Ley de Protección Animal.
«CONSECUENTE» CON CCAA
Esta línea de actuación que, además, sería «consecuente» con los cambios normativos impulsados en los últimos años por los gobiernos autonómicos de Cataluña, Madrid, Murcia, Galicia, La Rioja, Navarra y Castilla-La Mancha y la Ciudad Autónoma de Ceuta, que en todos los casos han endurecido las sanciones por infracciones derivadas del maltrato animal y el abandono. Además de en la Comunitat, Cantabria, Andalucía, Canarias y País Vasco parecen seguir este mismo camino, apunta la entidad.
Con la creación de este cuerpo especializado se podría responder, «no solo al espíritu de estas normas sino, fundamentalmente, a la exigencia de una «sociedad cada vez más concienciada con todos los asuntos relacionados con el bienestar de los animales», reconoce Ibor en su carta dirigida al Gobierno.
Consecuencia directa de esa mayor sensibilidad, se está constatando un importante aumento de las denuncias de casos de maltrato animal así como del impacto mediático que éstas generan.
«En los juzgados se requieren, desde el primer momento, informes periciales veterinarios que pongan en evidencia y justifiquen, desde un criterio científico-médico, las situaciones en las que se produce un ‘grave menoscabo de la salud animal’ –como reza el articulado del actual Código Penal– tanto a nivel físico como psicológico», aclara Ibor. Estos peritajes «constituyen un elemento probatorio imprescindible en el que se suele sustentar el fallo de los tribunales», insiste la responsable colegial.
Este colectivo especializado de veterinarios forenses, según el planteamiento de la responsable colegial, podría intervenir para informar sobre «los casos denunciados de maltrato animal, incluyendo los causados por falta de atención sanitaria (cuidados mínimos veterinarios) o alteración del medio ambiente (Contaminación del agua)».
