El consejero de Hacienda y Financiación Europea de Andalucía, Juan Bravo (PP), ha insistido este lunes en la «profunda preocupación» de la Junta por el «retraso» de ejecución de los Fondos Next Generation y de la «ausencia» de cogobernanza en la gestión de los mismos, en la reunión de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Perte) que ha presidido la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero (PSOE).
Bravo se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras la reunión mantenida con la ministra, en la que se ha explicado que la ejecución de los Fondos Next Generation, «si todo va según lo previsto», se plantea para septiembre, algo que el consejero ha calificado como «retraso y mala gestión».
Del mismo modo, el titular andaluz ha señalado que la cogobernanza es un tema «fundamental» y que reclaman «todas las comunidades autónomas», para pedir una mayor participación «no solo como gestores administrativos sino tener capacidad de decisión en cuestiones que son necesarias para que todo funcione correctamente».
Bravo también ha achacado «falta de información» por parte del Estado, por «no otorgar antes de la reunión» las órdenes de regulación y seguimiento de los fondos. «En la reunión se han remitido a dar la información que nos ha proporcionado la ministra y los documentos nos los darán después, pero hubiese sido deseable tener los documentos para hacer nuestras aportaciones», ha indicado.
En la reunión, el consejero también ha planteado las funciones que la ministra «tiene que aplicar como coordinadora de los mecanismos». Sin embargo, «Montero ha dicho que entre sus funciones no está la de coordinación, algo que no coincide con lo dictado en el Real Decreto Ley 36/2020», ha apuntado el consejero.
En este sentido, ha reclamado la «incoherencia» del Estado y la «necesidad» de dicha coordinación. «Los datos que nos daba la ministra durante la reunión hablaba de un reparto de más de 10.000 millones de euros y el reparto, según se ha informado la Junta, asciende a 12.000 millones de euros, una situación que nos hace ver que esa coordinación sí que es necesaria», ha señalado.
Con respecto al ejercicio presupuestario, el consejero ha asegurado que se han planteado dos cuestiones «claves», debido a que la ejecución de los fondos está planteada para septiembre. La primera, que «ya estaba resuelta» por el Real Decreto Ley 36/2020 en referencia a los remanentes no consumidos en el ejercicio de 2021, el consejero ha señalado que «parece» que, siempre que se cumplan los requisitos, «se podrán trasladar al ejercicio siguiente».
La segunda cuestión traslada el enfoque hacia qué podía suceder en el caso de que se produjera el reparto de fondos pero no la ejecución de los mismos. En este caso, «la ministra ha apuntado que, debido a que la concesión de fondos podría producir un superávit o déficit en el ejercicio de 2021, se va a realizar una modificación de norma en la ley general presupuestaria que genere un efecto neutro para evitar un déficit o superávit artificial».
Por otro lado, ha recriminado al Gobierno que haya planteado «un Perte en Salud sin haber hablado con las comunidades, que son las que tenemos la competencia», de ahí que haya reclamado que «trabajemos conjuntamente, si vamos juntos será más fácil». «Hemos puesto sobre la mesa el riesgo que supone que las empresas, beneficiarias de estos fondos, tienen mucha desinformación, y su respuesta ha sido que el proyecto todavía es embrionario».
En otro aspecto, el consejero ha señalado también los efectos del Real Decreto Ley 5/2021 de ayuda directa a las empresas, una ayudas de las que su ejecución «no va a superar el 50% en muchos casos». «Esperamos que el Gobierno permita que los 3.500 millones que se van a quedar en el aire lleguen a las empresas porque es un motor económico fundamental», ha apuntado.
Por último, y en opinión de Bravo, «son varias cuestiones que no han quedado claras». En este sentido, se ha referido a la información que ha ofrecido la ministra sobre el peso de los ayuntamientos en el reparto de los fondos europeos. Se ha pronunciado del mismo modo ante la respuesta de la ministra sobre la previsión de ejecución del Estado de los 24.000 millones de presupuesto. «No nos han dado una respuesta», ha concluido.
