Un total de 150 asociaciones reclaman la protección universal para las víctimas de delito de odio, sumándose así al llamamiento de Movimiento contra la Intolerancia y del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación.
Las 150 asociaciones firmantes se constituyen en campaña permanente y reclaman una acción firme mediante una Ley Integral de Protección Universal de las Víctimas de Delitos de Odio para abordar este problema, desde la prevención hasta la sanción y la asistencia integral a la víctima.
Los colectivos recuerdan que es una antigua reivindicación no satisfecha que mantiene en «grave discriminación legal y de facto» a personas que el Estatuto de la Víctima y el Código Penal no reconocen como víctimas de delito de odio, como es el caso de las personas que sufren agresiones por su origen territorial, aspecto físico, característica genética, identidad cultural, lingüística, deportiva, profesional, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, protegidas universalmente por la Constitución española.
Desde un enfoque universal de los Derechos Humanos, los crímenes o delitos de odio hacen referencia a toda infracción penal motivada por intolerancia hacia las personas por rechazo a su diferencia, así lo afirman el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y son una trágica realidad en un contexto de crecimiento de polarización extremista, de xenofobia, racismo, antisemitismo, disfobia, de intolerancia hacia religiones y convicciones, misoginia y sexismo, homofobia y transfobia, antigitanismo, edadismo, ultranacionalismo, fanatismo ideológico , y de otras expresiones de intolerancia que niegan el valor universal de la dignidad humana, sus libertades y derechos a la persona por su diversidad», recoge la declaración.
Según los colectivos, en España, «los últimos acontecimientos constatan esta trágica realidad y un tsunami de intolerancia amenaza al mundo con volver a tiempos de persecuciones, asesinatos, horrores como el Holocausto y otros crímenes contra la humanidad».
Por ello consideran que, para encarar este problema, es necesaria una Ley de Protección Universal de la Víctima de Delitos de Odio, con capacidad para «intervenir con eficacia en todos los ámbitos y circunstancias, así como para apoyar y proteger a las víctimas, conforme prescribe la Constitución española».
Las asociaciones consideran que «toda persona o grupo que sufra una infracción penal por motivo referido a cualquier característica de su condición humana, con independencia de que tal característica concurra efectivamente en quien sufre el daño o perjuicio por ese motivo, ha ser protegida cumpliendo el precepto de igualdad ante la Ley».
