miércoles, 22 septiembre 2021 12:57

¿Ecologismo o greenwashing? El giro del PSOE levanta ampollas entre los activistas verdes

El PSOE certificará su giro verde en su 40º Congreso que se celebrará este próximo mes de octubre en Valencia. La formación que lidera el Gobierno de España va a pasar a denominarse «ecologista» a nivel estatutario.

Pedro Sánchez, a pesar de sus bromas sobre la reducción del consumo de carne, también está agudizando su discurso en favor del medioambiente y asegura que España está siendo un modelo en la lucha contra el Cambio Climático. 

El presidente del Gobierno se vanaglorió de ello hace unos días: «En los últimos tres años, hemos cerrado nuestras minas y la mayoría de nuestras centrales eléctricas de carbón como parte de nuestra estrategia de transición energética. En 2022, habremos eliminado el 85% de la capacidad instalada de generación de energía eléctrica a partir del carbón que había en 2018».

«España ha estado liderando con el ejemplo. Hemos aprendido mucho en el proceso y estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia, porque sabemos que abordar el cambio climático es un esfuerzo mundial», añadió.

GREENWASHING

El greenwashing es una práctica de marketing verde con la que personalidades, partidos políticos y la mayoría de grandes empresas crean una imagen ilusoria sobre una responsabilidad ecológica de la que en realidad carecen. 

Sectores del ecologismo español consultados por este medio creen que el PSOE se ha lanzado a esta práctica a pesar de que hace solo unas semanas el Gobierno de España aprobó una ‘ley de Cambio Climático’ «de perfil bajo y de olor añejo». 

El director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez, aseguró que esta esperada medida carecía «de la ambición necesaria para afrontar con éxito la situación de emergencia climática declarada por abrumadora mayoría en el Parlamento y también por el Gobierno. Si en una situación de emergencia, esta ley es lo máximo a lo que aspiran tanto el Parlamento como el Gobierno, entonces este país tiene un grave problema, ya que no podrá cumplir con el ‘Acuerdo de París'».

La ONG medioambientalista dice que según el texto «España apenas reduciría un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 respecto a 1990, tal y como aparece ya contemplado en el recién aprobado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Esta cifra se revisará al alza en 2023, periodo que está contemplado también en el PNIEC«.

Greenpeace cree que este objetivo debería haberse elevado a al menos un 55% para garantizar que España cumple lo que le corresponde para contribuir, de acuerdo con su capacidad y responsabilidad, a limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, según establece el ‘Acuerdo de París’, ratificado por España. Por el mismo motivo, la organización considera que «el objetivo de cero emisiones netas debería haberse adelantado a 2040 en vez de 2050«.

La ONG también criticó la «cesión inadmisible ante el lobby de los combustibles fósiles que se permita el uso indiscriminado de ‘combustibles alternativos’ en todo el sector transporte, gracias a un cambio de última hora en el artículo 11 que abre la puerta a la promoción del gas fósil para el transporte por carretera».

«Este punto, que inicialmente pretendía dar una solución transitoria solo al sector aéreo, extiende el uso de determinados combustibles también a la automoción, demorando la necesaria electrificación del automóvil y reduciendo la disponibilidad de dichos combustibles alternativos«, denunciaron.

OTRO LÍO VERDE

También genera dudas en el ecologismo español el papel del PSOE en el Parque Natural de Bardenas, que alberga desde hace siete décadas un Polígono de tiro utilizado por la OTAN para entrenar con fuego real. 

La Asamblea Antipolígono de Bardenas ha denunciado la pervivencia de esta instalación militar en el corazón de la naturaleza: «Es una agresión medioambiental, agresión para nuestra seguridad y agresión para quienes sufren las consecuencias de las guerras. Y agresión para nuestro presupuesto porque actúa en detrimento de los recursos necesarios para servicios públicos de calidad en sanidad, educación o dependencia».