La gestión hidrográfica por unidad de cuenca es un ejemplo paradigmático de modelo de participación de los usuarios de gestión del agua y un sistema vigente en España desde hace un siglo, que ha obtenido excelentes resultados. Este modelo encuentra su paralelismo en las Organizaciones de Usuarios de Agua de Chile, una pieza muy importante en la gestión hídrica del país, que ha apoyado la realización de importantes mejoras de la gestión del agua.
Así lo recoge el III Informe de los Conversatorios del Agua, publicado por el Foro de la Economía del Agua y que aborda el papel de la administración pública y los usuarios en la gestión del agua, con especial acento en el acceso al agua en las zonas rurales de Chile.
El informe analiza el encaje de la participación ciudadana en la democracia y recuerda que, en el caso español y de la mayoría de los países, el sistema político imperante se basa en una democracia participativa y no directa.
Como señala Estanislao Arana, director académico del Foro de la Economía del Agua, «la toma de decisiones, también las relacionadas con el agua, corresponde a los representantes elegidos por sufragio, que a su vez deben rendir cuentas de su gestión».
Arana ha señalado que «la participación ciudadana, apoyada por la transparencia, la información y el acceso a la justicia, es una herramienta para conformar las políticas públicas de abajo hacia arriba y garantizar la rendición de cuentas de los poderes políticos a la sociedad a la que se sirven, constituyendo uno de los pilares del triángulo ideal de la gobernanza».
El informe apunta que la gestión hídrica necesita valerse de una estructura institucional que permita que el derecho al agua sea proactivo y no reactivo y bajo esta premisa, los mecanismos de participación ciudadana pueden servir para garantizar el derecho humano al agua y mejorar el acceso al recurso, así como para velar por su dimensión medioambiental.
El informe llama la atención sobre la grave situación hídrica que vive Chile y los problemas de suministro que viven las áreas rurales del país. En estas áreas rurales, cerca del 47,2% de los chilenos no tiene acceso formal al agua potable, una variable que se relaciona directamente con los índices de pobreza.
Otra cuestión es la necesidad de mejorar el saneamiento de las aguas servidas, aspecto en el que la diferencia entre zonas rurales y urbanas es aún mayor, situándose en solo un 2% en las áreas rurales y llegando al 99,85% en las urbanas.
Parte de la solución a este desafío, tal como ha declarado Jessica López, presidenta ejecutiva de ANDESS, está «en la mejora de la calidad de las infraestructuras actuales y la creación de instalaciones resilientes, especialmente en las zonas rurales; en el incremento de las inversiones para generar más fuentes y también para gestionar contingencias, de modo que se garanticen los servicios».
