El vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol, ha asegurado que «Cuba y Venezuela son dictaduras y el señor Sánchez tiene la obligación de ayudar a que se instaure allí la democracia». Además, ha rechazado que el jefe del Ejecutivo defienda a los comunistas «que hablan de aquello como si no fuera una anomalía democrática, simplemente por aguantar unos pocos meses, o años más, al frente del Palacio de La Moncloa».
En declaraciones a los periodistas en el marco de una visita a Jerez de la Frontera (Cádiz) para mantener un encuentro con representantes de la comunidad latinoamericana, Terol ha afirmado que «a Sánchez le gustaría, probablemente, que esto fuera Cuba, Venezuela o Nicaragua, donde se calla a la oposición, pero el PP va a seguir diciendo muy alto y muy claro ‘basta ya de las discriminaciones del Gobierno'».
Así, el vicesecretario popular ha sostenido que «ha sido desgarrador escuchar algunas de las cifras» de estos países que demuestran en qué han convertido los «sátrapas» que gobiernan a un país «tan próspero» como Venezuela. También se ha lamentado del «relato de lo que se vive en Cuba, y lo que se vive en países como Nicaragua o El Salvador».
Por todo ello, Terol ha denunciado «la detención de la líder opositora en Nicarauga Berenice Quezada a pocas horas de las elecciones generales para impedir que el Estado de Derecho, la democracia y la libertad vuelva a este país tan importante para España y para Iberoamérica».
En esta línea, ha sostenido que «es triste no escuchar estas mismas palabras por parte de ningún representante del Gobierno de España, pero es entendible» porque «ellos han decidido que sus socios de Gobierno no sean el PP u otras formaciones de carácter democrático, han decidido que sean los comunistas de Podemos, que tienen lazos bien asentados en Cuba o en Venezuela».
QUÉ TEME SÁNCHEZ EN EL CASO PLUS ULTRA
Al hilo de esta afirmación, se ha preguntado «qué miedo tiene el señor Sánchez a que se investigue en el Parlamento español el caso Plus Ultra» y «qué miedo hay a que haya una comisión de investigación en el Parlamento para ver por qué una aerolínea con apenas cuatro vuelos, que tiene parte de su capital asentado en Venezuela, haya sido financiada con 53 millones de dinero público español, avalado por organismos vinculados al ex ministro de Fomento, el señor Ábalos».
Así, ha pedido al Gobierno que «autorice de una vez la comisión de investigación para que se dirima si hay alguna relación entre Venezuela, Podemos y el caso Plus Ultra».
Por otra parte, González Terol ha reconocido, tras oír reflexiones de los representantes de la comunidad latinoamericana, de que se empiezan «a ver paralelismos en España», porque tanto en España como en Latinoamérica «se ha visto cómo se ha cerrado el Parlamento y el Senado en plena pandemia cuando no ocurría en el resto de países de la Unión Europea y cómo un Gobierno ha cerrado el Portal de Transparencia para no dar explicaciones a nadie».
Además, ha recordado que «el Gobierno decidió filtrar las preguntas de la prensa cuando una y otra vez preguntaban por un comité de expertos del que ellos presumían y del que sacaban pecho y que hoy se sabe que era inexistente».
González Terol ha continuado relatando que han «asistido a un intento de reforma del Consejo General del Poder Judicial que recuerda a lo contado en Cuba o en Venezuela: una iniciativa que fue presentada por el PSOE y Podemos para evitar que los jueces se eligiesen entre ellos».
VUELVE A TENDER LA MANO AL PSOE PARA RENOVAR EL CGPJ
Sin embargo, el vicesecretario de Territorial del PP ha reconocido que su partido «le vuelve a tender la mano al PSOE» y que «si quieren renovar los órganos constitucionales lo tienen fácil: tienen que reforzar la independencia judicial y garantizar que los jueces se elijan entre ellos y, por tanto, garantizar la separación de poderes en este país».
De esta forma, ha confesado que «cuando hacen una nueva ley de seguridad nacional y parece que quieren incautar los bienes privados en caso de necesidad, cuando cierran el Congreso y el Senado, cierran el Portal de Transparencia, filtran las preguntas de los periodistas, de repente presentan una nueva ley de seguridad nacional y dicen que están dispuestos a incautar los bienes privados…, recuerda a dos países de los que son socios la vicepresidenta y varios ministros de este Gobierno».
