La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) han denunciado la externalización de la vacunación contra la COVID-19 en Madrid «al tiempo que se cierran centros de salud».
«La decisión de trasladar a la esfera de la empresa privada no vinculada al mundo sanitario los mecanismos de vacunación implementados y algunas otras prestaciones alrededor de la pandemia que han sido externalizadas nos resulta preocupante y sorprendente por el hecho de haber sido testigos del cierre de centros de salud, al mismo tiempo se ponían en marcha estos espacios», lamentan a través de un comunicado.
Desde la semFYC, SESPAS y SEMPSPH también se apuntan los «riesgos y deficiencias en el ámbito de la gestión de recursos que representa la decisión de externalizar en empresas privadas la vacunación de la población».
Para estas sociedades y sus federadas, esta decisión supone «un primer paso en la derivación hacia sistemas asistenciales duplicados que no implican mejoras en la gestión de los pacientes, sino que apuestan por un modelo de atención sanitaria fragmentado», así como «un paso más hacia la visión mercantilista de la salud, incorporando al Sistema Nacional de Salud entidades con ánimo de lucro que nada tienen que ver con el ámbito de competencias profesionales de la salud ni la prestación de servicios sanitarios, ni versadas en la realización de actos sanitarios».
Perjudica la calidad de los registros y, por lo tanto, atenta contra la seguridad de las personas por la previsible dificultad en la comunicación de los registros clínicos entre un sistema y otro, con el consiguiente posible incremento de eventos adversos. Es una minusvaloración de nuestros profesionales, formados, capacitados y reconocidos en todo el mundo, así como de espacios de atención estables, seguros, dotados de recursos públicos ya existentes: los centros de salud de Atención Primaria, a los que les son propias las campañas de vacunación», insisten al respecto.
En este sentido, resaltan que «externalizar servicios sanitarios y trasladar la inversión a entidades privadas por designación, en detrimento, en este caso, de una Atención Primaria, crónicamente subfinanciada, constituye un hecho falto de transparencia.
«Es, en definitiva, una decisión propia de países en vías de desarrollo y contraria a las recomendaciones internacionales de afrontamiento pandémico, que abogan por un fortalecimiento de la Atención Primaria y que va en contra del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria aprobado en Consejo Interterritorial en 2019. En la Comunidad de Madrid se están cerrando centros de salud, se están reduciendo sus horas de atención y solo algunos de ellos participan de la campaña vacunal, mientras se traspasa a empresas privadas la administración de vacunas», remachan.
Por todo ello, solicitan que en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) se determine los estándares de calidad de la campaña de vacunación y se aborde la «agonizante situación de la Atención Primaria en todo el Estado». «Es necesario el refuerzo de profesionales y recursos», concluyen.
