La juventud con discapacidad pide entornos libres de barreras

Los jóvenes con discapacidad de entre 15 y 30 años, que suponen casi 175.000 personas en España, han reclamado entornos libres de barreras y apoyos libremente elegidos para poder ser, una vez empoderados, agentes de su propio proceso de inclusión social y participación comunitaria.

Lo han hecho a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se celebra este jueves 12 de agosto.

Los jóvenes con discapacidad han destacado que son parte inherente e inseparable de toda juventud, pero con «particularidades que los hacen estar más expuestos a la exclusión y la discriminación».

En cuanto a la agenda política de asuntos prioritarios, señalan la importancia de la educación inclusiva para terminar con «cualquier forma de segregación escolar». Además, llaman a la prevención de la institucionalización, propiciando la vivienda en comunidad».

ACCIONES DESDE EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO

«La vida independiente a través de la extensión de la figura de la asistencia personal y la inclusión laboral a través de empleos dignos, estables y decentes», son otras de sus demandas, junto con medidas para actuar contra la violencia y los abusos hacia las mujeres jóvenes y niñas con discapacidad.

Pero, además, la juventud con discapacidad espera también acciones por parte del movimiento global de la discapacidad, tal y como ha indicado el CERMI. En concreto, piden «una acción enérgica de incidencia y presión ante los poderes públicos para que estos promuevan los derechos y la inclusión social de todos los jóvenes con mirada transversal e inclusiva hacia los que presentan una discapacidad».

Desde CERMI aseguran que, al tratarse de un grupo singularizado con características propias, «la juventud con discapacidad precisa políticas públicas vigorosas e intensas –tanto juveniles como de la discapacidad– para garantizar su igualdad de oportunidades y eliminar o atenuar las desventajas objetivas que puedan impedir o dificultar su plena participación comunitaria».