viernes, 24 septiembre 2021 20:43

Cs sospecha un pacto PSOE-PP para no crear en el Congreso la comisión que vigila al CNI

Ciudadanos sospecha que existe un pacto entre el PSOE y el PP, y probablemente también con Unidas Podemos, para no constituir en el Congreso la Comisión de Gastos Reservados, el único foro parlamentario en el que la oposición puede controlar el uso de fondos reservados por parte del Gobierno y las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Así lo ha asegurado el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, quien recuerda que ha preguntado varias veces por esta comisión en la Junta de Portavoces sin obtener respuesta: «Lo reclamamos en numerosas juntas de portavoces y la presidenta, Meritxell Batet, dice ‘Ya veremos’ y sigue dando largas», añade.

A su juicio, «parece o debe existir un cierto consenso por parte del PP y del PSOE», y no sabe si también por parte de Podemos. Es más, apunta a que «el PP no protesta nunca cuando se le dice que hay que constituir esta comisión». «Es algo extraño», sostiene.

EN LA ÚLTIMA REUNIÓN, BORRELL ERA MINISTRO

Lo cierto es que el Congreso ha cumplido ya dos años y medio sin reunir a la Comisión de Gastos Reservados, lo que supone que durante todo este tiempo no se está ejerciendo el control parlamentario que exige la ley sobre las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ni sobre el uso de los fondos reservados en manos de Interior, Defensa y Exteriores. La última cita fue en marzo de 2019 y compareció como ministro José Borrell, que está cerca de cumplir dos años como responsable de Exteriores de la Comisión Europea.

La norma que regula los fondos reservados desde 1995 establece, en su artículo 7, que los créditos destinados a gastos reservados deben estar sujetos al control del Congreso, «a través de una comisión parlamentaria compuesta por el presidente de la Cámara, que la presidirá, y aquellos diputados que, de conformidad con la normativa parlamentaria, tengan acceso a secretos oficiales».

Y en esa comisión, añade, los titulares de los Ministerios que tienen asignadas partidas de gastos reservados «informarán semestralmente sobre la aplicación y uso de los correspondientes fondos presupuestarios», por supuesto en sesiones secretas. Es más, la ley añade que la comisión «podrá elaborar un informe para su remisión a los Presidentes del Gobierno y del Tribunal de Cuentas».

VETOS CRUZADOS

El bloqueo de la comisión tiene su origen en los vetos cruzados entre los partidos, ya que, según el Reglamento de la Cámara Baja, para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso y obtener el respaldo de tres quintos de la Cámara, esto es de 210 votos, en una votación secreta mediante papeleta en urna.

Los elegidos, uno por cada grupo del Congreso (generalmente el portavoz), pasan a formar parte automáticamente de la citada comisión, que dirige la presidenta de la Cámara, actualmente Meritxell Batet. Pero llegar a esos 210 votos resulta muy complicado porque requiere de apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios, y el clima político continúa sin resultar propicio.

Así, para que los independentistas de ERC, Junts (como portavoz del Grupo Plural), EH Bildu e incluso la CUP (en representación del Grupo Mixto) puedan estar representados en la comisión es necesario que recaben votos de diputados del PP y Vox, que a su vez requieren apoyos del PSOE y de Podemos para llegar a ese umbral mínimo de los 210 votos.

CS: BASTA DE TRINCHERAS

Para Edmundo Bal, la comisión «es un órgano reglamentario y tiene que funcionar» y rechaza vetos: «Esto de vetarse en distintos ámbitos es la política de bandos, de trincheras, de crispación…. –se lamenta–. Y lo que pasa con los dos extremos del arco parlamentario es que están encantados de conocerse y se retroalimentan los unos a los otros. Y de esa forma tienen un enemigo en el que poder fijar su acción pacífica. Unos son fascistas, otros son comunistas bolivarianos».

Así las cosas, todo apunta a que la creación de esta comisión seguirá dilatándose en el tiempo. Además, sólo para que la votación de los miembros de secretos pueda llegar a incluirse en el orden del día del Pleno tiene que haber un cierto acuerdo, ya que todos coinciden en que sería un fracaso dedicar cerca de dos horas para el sufragio con papeleta y en urna y que luego ningún diputado superase esos 210 votos necesarios.

En legislaturas anteriores, salvo en las cortas, al menos se llegaba a constituir la comisión, aunque luego hubiera vetos puntuales. Así, en la legislatura del 2011-2015, el PP, que gozaba entonces de mayoría absoluta, se negó a permitir la entrada de los distintos candidatos que ERC fue poniendo encima de la mesa alegando que los independentistas catalanes podían trasladar la información reservada a los miembros de la coalición abertzale Amaiur, que integraba a los herederos de la antigua Batasuna, hoy en Bildu. «Con su pan se lo coman», fue la airada respuesta de la entonces diputada Teresa Jordà, la última aspirante rechazada.

Y en 2015 los ‘populares’ también se negaron a facilitar el relevo en el puesto que tenía CiU en la Mesa del Congreso y fueron aplazando semana tras semana la posibilidad de que se eligiera al convergente Jordi Xuclà para cubrir la vacante dejada por su compañero Jordi Jané al ser nombrado consejero de Interior de la Generalitat. El entonces portavoz del PP, Rafael Hernando, alegó que no tendría «mucho sentido» que optara a este puesto institucional en el Parlamento nacional alguien que se definiera como «independentista».