La Central Unitaria de Traballadores (CUT), sindicato al que pertenece Pablo Costas, ha celebrado este sábado una concentración frente a la casa consistorial de Bueu (Pontevedra) para dar cuenta de la «situación agónica» de este marinero y animar a una movilización «que se tiene que producir» ante la «ineptitud» del Gobierno.
La finalidad es repatriar a Pablo Costas y a otros 32 marineros «secuestrados» en Yemen desde septiembre de 2020, acusados de pesca ilegal por las autoridades australianas.
El asesor de la CUT en Cangas, Manolo Camaño, ha explicado que «la plaza estaba llena» y que, tras la concentración, han repartido hojas informativas y puesto carteles en establecimientos y comercios de Bueu para explicar la situación del marinero. «La protesta tiene que continuar», subraya.
Además, ha asegurado que mantiene contacto con Pablo Costas y que este sábado ha podido hablar con él durante diez minutos para constatar que llevan ya cuatro días sin alimento y que solo ingieren agua con azúcar y té porque «es lo único que les queda».
LOS HECHOS
El caso de Pablo Costas comienza cuando sale de Myanmar (Asia) en diciembre de 2019. Tras un parón de «dos meses y medio aproximadamente», relata Manolo Camaño, vuelve a navegar y en julio de 2020, se produce una inspección por parte de autoridades australianas, en la que se comprueba que «todo estaba bien» y en orden en ‘El Cobija’, navío del marinero gallego.
Con todo, el barco cambia de titularidad mientras estaba en alta mar y el nuevo armador, de origen somalí, le ordena tomar rumbo hacia Yemen, frente a la costa de Al Mukallah –lugar donde todavía se encuentra la embarcación–.
En septiembre de 2020, en la costa de Yemen, Pablo Costas es informado de una orden de detención por parte de la Interpol y cursada por Australia, que lo acusa de un delito de pesca ilegal.
De este modo, el marinero es condenado a tres meses de arresto y, tras cumplirlos, el fiscal presenta un recurso para paralizar su repatriación, cuyos motivos, asegura Camaño, «se desconocen».
«Solicitamos a las autoridades consulares españolas que nos aclararan la situación de manera documental hace tres meses y no lo han hecho», abunda Camaño, para añadir que «en ningún momento se le ofició, de manera legal y fehaciente, ningún tipo de sentencia» por lo que carece de «la más mínima atención jurídica».
Adicionalmente, ha aclarado que han enviado varios escritos al Ministerio de Asuntos Exteriores, «a veces por correo y otras por registro oficial», además de entregarle, hace cuatro meses, un apoderamiento de Pablo Costas, en concreto, de la persona de Camaño y la abogada personal del acusado a la embajada de España en Riad. Ningún escrito ha tenido «respuesta directa» por parte de las autoridades españolas.
«SECUESTRO POR ENCARGO»
Preguntado por los motivos de la acusación de pesca ilegal a Pablo Costas, Camaño ha sostenido que, bajo su punto de vista, se trata de «un secuestro por encargo» y ha calificado como «mafia con una trayectoria reconocida de más de 20 años» al ámbito pesquero australiano.
En esta línea, ha alegado que persiguen «a todo el que no concuerde con sus intereses» y ha afirmado que actuaron con las autoridades de Yemen para que «ejecutaran su secuestro», por lo que considera que «encargaron el trabajo sucio a los yemenitas».
A reglón seguido, confiesa que ha conocido muchos casos de repatriaciones pero «jamás» una situación así. En otras ocasiones, los consulados y autoridades diplomáticas «ponían algo de intención». Sin embargo, el caso de Pablo Costas lo califica de «vomitivo» y asegura que las autoridades españolas «trabajan con el enemigo» que mantiene «secuestrado» al vecino de Bueu.
Así las cosas, Manolo camaño también ha criticado que los «focos de la prensa estén en Afganistán» en lugar de en «repatriar a un compatriota gallego».
PROPUESTA DE MAREA ATLÁNTICA
Por otra parte, la Marea Atlántica ha propuesto que, en los próximos plenos de la Diputación y Ayuntamiento de A Coruña, se presenten declaraciones institucionales en apoyo al marinero y los demás tripulantes.
En este sentido, afirma en un comunicado que la propuesta ha sido registrada en la Diputación y que va a ser trasladada de igual forma al Ayuntamiento.
Además, también solicita que el Ministerio de Exteriores responda a «las solicitudes de amparo de Pablo Costas y su familia» luego de «tres meses de silencio».
Igualmente, exige a la Dirección Xeral de Relacións Exteriores de la Xunta de Galicia que se pronuncie e interceda para «resolver la situación».
