lunes, 20 septiembre 2021 02:03

El juzgado analiza la petición del PP de hipotecar los aviones de Plus Ultra

El Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, a cargo de las pesquisas del ‘caso Plus Ultra’, ha pedido a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado, a Vox y a los investigados en el procedimiento que se pronuncien sobre la propuesta del PP de «acordar la constitución de una hipoteca mobiliaria sobre la aeronave o aeronaves que pudiera tener en su activo» la aerolínea.

En un providencia de 18 de agosto, adelantada por Vozpópuli, el magistrado Antonio Serrano-Arnal –en funciones de guardia ante la ausencia de la juez Esperanza Collazos– ha dado traslado a las partes para que presenten sus alegaciones en un plazo de 10 días.

El PP, que ejerce acusación popular en la causa, presentó escrito ante el juzgado el pasado 11 de agosto para solicitar, en calidad de medida cautelar, que se acordara una hipoteca mobiliaria sobre los aviones de Plus Ultra a fin de evitar un daño patrimonial al Estado. El juez, en respuesta, ha estimado pertinente consultar al resto de partes en el procedimiento.

La resolución tiene lugar después de que el pasado 9 de agosto el magistrado Jaime Serret –también en funciones de guardia– acordara desbloquear el pago de 34 millones de euros que correspondían al segundo tramo del rescate a Plus Ultra. La decisión fue recurrida por Vox, que también ejerce como acusación popular.

LA INVESTIGACIÓN

El juez consideró que la suspensión de la entrega del préstamo participativo podía «suponer el riesgo de insolvencia definitiva» de la aerolínea, lo que la obligaría a dejar de operar y crearía «un perjuicio a los pasajeros que han pagado por anticipado».

En aquella ocasión, el juzgado aseguró que aunque «todavía no se ha producido ningún perjuicio a la Administración», se investiga la «hipótesis de haber entregado estos préstamos a una empresas en crisis sin ninguna posibilidad» de devolver los importes adquiridos.

Señaló, además, que por ahora «no hay indicios objetivos» del delito de fraude en la obtención de ayudas públicas ni de cohecho ni de tráfico de influencias, «salvo las alegaciones de las acusaciones populares».