La Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y de Unidas Podemos, ha rechazado tramitar una petición de Vox para que la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, explicase los «presuntos cobros ilegales» que su partido podría haber estado recibiendo de la Embajada de Ecuador en España.
Según informaron fuentes parlamentarias, los partidos que componen el Gobierno de coalición han esgrimido que la petición de comparecencia se refiere a cuestiones relativas a un partido político y supuestamente ocurridas antes de que Montero sea ministra, por lo que quedaría fuera del control parlamentario a la acción del Ejecutivo.
En concreto, la formación presidida por Santiago Abascal pretendía que Montero acudiese a la Comisión de Asuntos Exteriores para dar cuenta de las informaciones sobre «supuestos contratos celebrados entre la Embajada ecuatoriana» y ella misma «al objeto de evitar los desahucios de ciudadanos ecuatorianos en España».
ACUSACIONES DEL NUEVO EMBAJADOR DE ECUADOR EN ESPAÑA
Según argumentaba el portavoz de Vox en dicha Comisión, Víctor González Coello de Portugal, tanto Montero como su compañero Rafa Mayoral, miembros de la dirección estatal de Podemos, deberían rendir cuentas «urgentemente» y «presentar su dimisión si no son capaces de explicar las gravísimas acusaciones» del nuevo embajador de Ecuador en Madrid, Pascual del Cioppo.
Del Cioppo, que accedió al puesto este mes de agosto tras ser designado por el Gobierno de Guillermo Lasso, aludió en una entrevista de televisión a unos contratos por los cuales la Embajada pagaba servicios de asesoría destinados a ecuatorianos residentes en España que no podían pagar sus hipotecas y créditos.
El embajador indicó que al frente de la cooperativa Kinema está el diputado Rafa Mayoral y que en otra participa Irene Montero. «Llegaron (a cobrar) hasta 1,2 millones de euros por año, y en pandemia, el año pasado, se tuvo la osadía de firmar un contrato anual de 725.000 euros», aseguró, añadiendo que el actual presidente de Ecuador ordenó «de inmediato» la suspensión de esos contratos y que no se abonaran las cuotas de junio y julio.
Además de la petición de comparecencia, Vox registró dos preguntas parlamentarias para saber si el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos cree que esos contratos «comprometen su imparcialidad» a la hora de «defender los intereses nacionales» y si va a realizar alguna investigación «para comprobar la veracidad de las declaraciones del embajador ecuatoriano, al ser éstas dañinas para la imagen exterior» de España.
