El partido ecologista de Unidas Podemos, Alianza Verde, ha exigido este miércoles a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el registro público de concesiones hidroeléctricas en el cual en 2019 anunció que trabajaba su departamento y sobre el cual dos años después «no existe constancia de que se haya puesto en marcha».
Por ello, el coordinador de esta formación y portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos en el Congreso, Juantxo López Uralde ha reclamado al Gobierno la puesta en marcha de este registro, con todas las concesiones existentes, su fecha de vencimiento y los ingresos que obtienen las compañías por su explotación.
Asimismo, ha aprovechado para exigir una vez más la recuperación de estas concesiones a medida que caduquen los permisos otorgados «para garantizar que no se especula con un bien básico como es la energía».
«Del Gobierno se esperan soluciones prácticas y concretas, y no apelaciones a la empatía del oligopolio», ha dicho, en referencia a las alusiones a la falta de «empatía social» de estas compañías por parte de la vicepresidenta en el Congreso.
LA HIDRÁULICA BAJO SOSPECHA
Ribera realizó estas declaraciones durante su comparecencia en Comisión este lunes, en la cual señaló que la hidroeléctrica había marcado el precio máximo en más de la mitad de las horas de los últimos meses (entre un 59% y un 65% desde junio, en plena escalada récord del precio de la electricidad).
Una tecnología que, además, no incorpora en su generación ni gas natural ni derechos de emisión de CO2, dos de los factores a los que se han aludido para explicar el encarecimiento del precio de la electricidad en toda Europa.
Juantxo López Uralde critica además que, en un contexto de escalada de precios, la compañía eléctrica Iberdrola decidiera desembalsar agua en varios de los pantanos sobre los que tiene la concesión, al menos en los de Zamora y Cáceres, con objetivo de maximizar su beneficio.
CONCESIONES QUE EXPIRAN Y SE EXTIENDEN AUTOMÁTICAMENTE
Uno de ellos, el de Ricobayo (Zamora) podría haber vuelto a ser de titularidad pública en 2010 pero veinte años antes de esa fecha Iberduero presentó un proyecto de ampliación, sin que se publicara en ningún boletín oficial.
Así, Alianza Verde critica que la falta de registro público impide consultar la caducidad de las concesiones hidroeléctricas, y que únicamente se conocen datos estimados de concesiones que son del Estado y, por tanto, públicas.
Según las estimaciones del Observatorio de Sostenibilidad, alrededor del 7% de las concesiones, en términos de volumen embalsado, ya han expirado y, sin embargo, a muchas de las centrales se les ha extendido la concesión de forma automática. «La opacidad opera en favor del oligopolio. Por eso es urgente que este registro sea público, pero también fácilmente accesible, y recuperar de manera automática para el Estado las concesiones que caduquen», asevera.
