El alcalde de El Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, ha acusado al Govern de mentir en la afectación que la ampliación prevista del Aeropuerto de Barcelona tendrá en el espacio protegido natural de La Ricarda.
En rueda de prensa este viernes para valorar la reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Cataluña, ha lamentado que la parte importante de lo que se aprueba en el Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora) es que afectará a la Red Natura 2000: «La pretensión es destruir La Ricarda de forma clara y evidente».
Además, ha dicho que la inversión prevista es de origen privado, según este documento, al que ha tenido acceso el comité y que el consejo de ministros pretende aprobar antes del 30 de septiembre.
AFECTACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Mijoler también ha criticado que las medidas compensatorias de la afectación y los terrenos que se tendrían que adquirir «no se concretan».
«Las manifestaciones de Puigneró y Aragonès diciendo que se estudiaría y que el acuerdo era sin afectaciones medioambientales hoy vemos que son mentira», ha añadido.
Ha explicado que se ejecutarán las obras en 2022, culminando en 2030, y que el documento dice que la ampliación del campo de vuelos hacia el este manteniendo afectaría a zonas de la Red Natura 2000.
INVERSIÓN PRIVADA
También ha criticado que solo se concreta una inversión de unos 300 millones por parte de Aena y que en ningún lugar consta la inversión de 1.700 millones de euros: «El Gobierno no pone ni un euro.
«Esta justificación de la Generalitat de conseguir una inversión de 1.700 millones no es verdad, porque es privada», ha señalado.
También ha dicho que, según el documento Dora, la inversión fuerte no llegará hasta 2027, ya que desde 2022 a 2027 solo se destinarán 364 millones, de los cuales 92 forman parte de la ampliación.
ACCIONES LEGALES
Por todo ello, Mijoler ha pedido que «se deje de mentir» a la ciudadanía de Cataluña, y ha trasladado al comité que estos documentos se hagan públicos.
«Estamos cansados de que todo se lleve a cabo en despachos cerrados y oscuros. Que lo hagan público, que este documento que quieren aprobar lo hagan público», ha insistido.
Mijoler ha advertido además de que irán hasta las últimas consecuencias legales para evitar la inversión y que harán la presión política necesaria.
Ahora tienen un plazo de dos semanas para presentar alegaciones, algo que Mijoler ha calificado de «mero trámite», pero ha advertido que agotarán todas las vías que tengan a su alcance para oponernse a esta inversión.
