El Partido Popular de Pablo Casado le ha cogido el gusto a romper con las tradiciones. Es público y notorio que el líder del PP tiene intención de aguantar el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta pasadas las elecciones generales para abordarlo con más peso parlamentario, pero lo cierto es que esta actitud del líder popular también ha afectado a la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y de los ministros del Tribunal de Cuentas. Y en este punto, el bloqueo ha afectado a las aspiraciones de Ángel Gabilondo, antiguo candidato del PSOE en la Comunidad de Madrid, que tenía como objetivo colocarse como defensor del pueblo como cobro por los servicios prestados. Hasta el propio presidente, dicen las fuentes, le prometió a viva voz a Gabilondo que le daría el puesto. El problema es que los tiempos y la actitud del PP no parecen remar a favor de los intereses del catedrático en metafísica.
Que la actitud de Casado es «anticonstitucional» es una palabra que se escucha mucho. Lo dicen los partidos de la izquierda, lo dicen periodistas y analistas políticos y sobretodo lo dicen la mayoría de los propios jueces. Desde Génova mantienen que esta decisión no la han tomado porque tengan poco peso parlamentario ni porque esperen a que los vientos soplen a favor para abordar la renovación del CGPJ. Desde el PP insisten en que lo que quieren es presionar al PSOE para que ceda a la idea de que sean los jueces y las juezas los que elijan los vocales que a su vez eligen al presidente o presidenta del Tribunal Supremo. Vamos, que quieren que el poder judicial sea realmente independiente, y no como ahora. Pero lo cierto es que Casado no se siente incómodo con faltar a lo que dicte la Constitución. Ni con el Consejo ni con el Tribunal de Cuentas o el Constitucional.
El problema es que el bloqueo impuesto por el PP también afecta a la designación del defensor del pueblo
En este sentido, de forma totalmente inesperada por Gabilondo el PP ha influido en sus intereses y aspiraciones. Sánchez, tal y como aseguran las fuentes del PSOE, le prometió a Gabilondo un retiro dorado como defensor del pueblo. El pago por los servicios prestados no suele ser una carta que juegue a menudo el presidente del Gobierno, pero sí lo hace con aquellos que no acostumbran a darle problemas, como es el caso del profesor universitario. El problema es que el bloqueo impuesto por el PP también afecta a la designación del defensor del pueblo y por tanto ha bloqueado también las aspiraciones de Gabilondo. Y no parece que vaya a haber cambios pronto, porque el PSOE no ha logrado convencer al PP de que ceda. Gabilondo tampoco parece interesado en sentarse con nadie, pues tampoco guarda un buen recuerdo de su paso por la política. Al menos no en sus últimas semanas como candidato socialista.
El bloqueo total del PP no parece incomodar a los populares lo más mínimo. Sin embargo, sí que está desesperando al PSOE que ve cómo Casado se acerca a las elecciones generales y, por tanto, a la idea de tener mucho más peso parlamentario (más que el que obtendría el PSOE) para negociar esta renovación por la que claman los socialistas. Se puede dar la circunstancia de que Casado consiga cruzar la meta de noviembre de 2023 y logre ser él quien designe tanto al próximo presidente o presidenta del Tribunal Supremo como a los puestos restantes, ya sea los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional o el propio defensor del pueblo. Pese a lo dura que sea la realidad, si el PSOE no consigue hacer ceder al PP, se verán obligados a comportarse exactamente igual que el Partido Popular si no quieren que Casado se salga con la suya y recupere el control de la renovación de estos puestos.
El PSOE está desesperado porque ven que no hay consecuencias para Casado por su actitud. Ni siquiera electorales. Se ha plantado en una actitud que incluso los propios jueces consideran «anticonstitucional» y nadie, ni siquiera la UE, le ha dado un toque de atención lo suficientemente contundente como para que cambie de actitud.
Los socialistas saben que pese a que la Constitución y el compromiso institucional de sus predecesores han hecho que la renovación del CGPJ, el TC y el Tribunal de Cuentas haya transcurrido a lo largo de los años anteriores sin incidentes, Casado no tendrá ni sufrirá consecuencia alguna por mantenerse enrocado en el «no». Pero sospechan que si ellos hacen lo mismo en caso de que el PP llegue al poder, sí que tendrá consecuencias. Y en medio de todo esto está Gabilondo, quien desde la Universidad Autónoma de Madrid ve cómo su sueño de ser defensor del pueblo se escapa porque Casado se ha empeñado en no cumplir lo que dice la Carta Magna.
Gabilondo está desaparecido y no guarda un buen recuerdo de sus compañeros en el PSOE de Madrid. La mayoría forzaron su salida de malas formas mientras que Sánchez no quiere desprenderse de él de todas porque le quiere pagar los servicios prestados. «Sabíamos lo que comprábamos», comentan con nostalgia algunos socialistas que sí que conservan un buen recuerdo del catedrático en metafísica. Pero lo cierto es que parece que los años de Gabilondo en política o en la administración pública corren peligro por la decisión del PP de mantenerse firmes hasta que se celebren las elecciones. Entre tanto, el Consejo General del Poder Judicial lleva ya más de 1.000 días en funciones.
