La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este lunes, cuatro años después de que el Parlament de Cataluña aprobara las llamadas ‘leyes de desconexión’, que los partidos nacionalistas siguen llevando a cabo «prácticas antidemocráticas» y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha «legitimado sus atropellos» y ha dado «impunidad» a los «golpistas».
Arrimadas ha recordado, en su cuenta de Twitter, el momento en que los diputados independentistas aprobaron por la vía rápida, el 6 y el 7 de septiembre de 2017, la ley del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña y la ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, ignorando las objeciones del Consejo de Garantías Estatutarias y las protestas de la oposición, que denunciaba que se estaban vulnerando sus derechos.
«Hoy hace cuatro años que el separatismo escribió en Cataluña una de las páginas más negras de nuestra historia democrática. Atropellaron los derechos de la oposición para silenciarnos, secuestraron el Parlament y dinamitaron el Estatut y la Constitución para consumar su golpe», ha señalado.
PRÁCTICAS ANTIDEMOCRÁTICAS
La líder de Cs, que en aquel momento era la líder de la oposición en Cataluña, con 25 escaños en el Parlament, ha indicado que, en aquellos «días infames», los independentistas «señalaron a funcionarios, periodistas y a tantos constitucionalistas contrarios al ‘procés'». «Prácticas antidemocráticas que el nacionalismo sigue apuntalando desde el poder con la connivencia del Gobierno de España», ha criticado.
Pero, a su juicio, «lo peor de todo es que los golpistas han sido premiados por Pedro Sánchez», que, al indultar a los condenados por el proceso separatista de 2017, «no sólo les ha dado la impunidad, sino que ha legitimado sus atropellos». «Aunque intenten reescribir la historia, los demócratas no dejaremos de recordarla. Por la libertad», ha añadido.
Por su parte, el líder de Ciudadanos en la Cámara catalana, Carlos Carrizosa, ha recordado cómo, con la aprobación de las leyes de desconexión, las formaciones independentistas «violaron los derechos de la oposición en el Parlament, y ha advertido: «Por mucho que indulten a quienes no se arrepienten y amenazan con volverlo a hacer, seguiremos ahí defendiendo a los catalanes».
Posteriormente, en rueda de prensa en la sede de Cs, el vicesecretario general y portavoz del Comité Ejecutivo del partido, Edmundo Bal, ha secundado las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que ha dirigido una crítica velada a Sánchez por la justificación que hizo de los indultos que el Gobierno concedió a los líderes independentistas condenados por el ‘procés’.
En el acto de inauguración del año judicial, Lesmes ha censurado que se llegara «contraponer, para explicar la indulgencia, la concordia frente al resentimiento, como si la acción de la Justicia al aplicar la ley» fuese «un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas». La función de los jueces y magistrados «no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes», ha subrayado.
«Qué palabras mas acertadas», ha comentado Bal, que ha advertido al presidente del Gobierno de que la sentencia condenatoria que el Tribunal Supremo dictó en 2019 contra los políticos independentistas no puede ser «un motivo para que se rompan la convivencia y la concordia» en Cataluña. «Precisamente, la ley es la garantía de esa convivencia», ha añadido.
LAS VÍCTIMAS DEL 1-O FUERON «TODOS LOS CATALANES»
Por otro lado, el portavoz de Ciudadanos ha lamentado que la Mesa del Parlament vaya a otorgar la Medalla de Honor a las «víctimas de la represión» y a las personas «perseguidas» por el Estado a raíz de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Según Bal, las «víctimas» del ‘procés’ fueron «todos los catalanes», que «tuvieron que ver cómo el Gobierno de una comunidad autónoma infringía la ley, desobedecía al Tribunal Constitucional y rompía, de una manera absolutamente irresponsable, la convivencia» en la sociedad catalana, «amenazando sus derechos y la tranquilidad, la paz y la segurid ciudadanas».
