El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se ha reunido este 6 de septiembre con la ministra de Justicia, Pilar Llop, a quien ha agradecido la reforma civil puesta en marcha en materia de discapacidad al tiempo que ha expresado «que se ponga en práctica cuanto antes para hacerla efectiva» por lo que también ha reclamado más recursos.
La reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica entró en vigor este pasado 3 de septiembre, «una fecha histórica», según expresó el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno.
La norma modifica ocho leyes estatales y beneficiará a 4,5 millones de personas pertenecientes al colectivo de la discapacidad aunque también se aplicará en casos de discapacidad sobrevenida, algo de lo que puede ser susceptible toda la población. La norma sustituye la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad por una «ayuda técnica» en materia de «comunicación» para adaptar la declaración de voluntad de estas personas a su situación y características individuales. De este modo, la representación o sustitución en la toma de decisiones de una persona con discapacidad se mantiene «únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo».
Así, la norma aprobada evita que todas las personas con discapacidad deban pasar por un juez cada vez que deseaban, por ejemplo, ir al banco, comprar una vivienda o hacer testamento. Ahora, deberán acudir al notario donde, con la ayuda de apoyo voluntario –familia, allegados– recibirán la información necesaria para tomar sus propias decisiones que, quedarán acreditadas por el profesional de la notaría. Sólo se acudirá a la justicia en casos excepcionales en los que, a pesar de la ayuda, sea imposible conocer la voluntad de la personas.
Por todo ello, CERMI señala que es fundamental la toma de conciencia de todos los operadores jurídicas para poner la reforma en práctica y considera que debe haber recursos suficientes en la administración de justicia para que «materialmente sea una realidad».
En el encuentro, celebrado en la sede del ministerio, el CERMI también ha transmitido a Llop sus demandas y han repasado los diferentes asuntos de la agenda política de la discapacidad en materia de Justicia. Según CERMI, la ministra se ha comprometido a estudiar las peticiones de la plataforma para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias en este ámbito.
PETICIONES
Por otro lado, la delegación del CERMI ha solicitado a la ministra que se desarrolle reglamentariamente una previsión de esta ley para regular el estatuto de entidades sociales colaboradoras de la Administración de Justicia ya que, a su juicio «es un modo de que la sociedad civil pueda ser un operador jurídico y favorecer una justicia eficaz».
Asimismo, durante la reunión, se ha revisado el nuevo proceso penal que el Gobierno quiere poner en marcha. De esta manera, el CERMI ha hecho diferentes aportaciones para seguir siendo partícipe del mismo a fin de que la discapacidad quede en una buena posición en todos los roles en los que la persona con discapacidad pueda tener en un proceso penal, ya sea como infractor, como víctima del delito, como testigo, etc.
También se ha debatido sobre la accesibilidad en la Administración de Justicia y sobre los procedimientos que quieren implantar a través de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, desde CERMI se ha demandado la necesidad de que todos estos medios sean universalmente accesibles.
Por último, se ha entregado una propuesta de enmiendas de mejora para el Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual elaborada por la Fundación CERMI Mujeres con el objetivo de que el Ministerio las estudie y apoye.
Al encuentro ha asistido una delegación del CERMI conformada por su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno; el secretario general, Alberto Durán; y la directora ejecutiva, Pilar Villarino, ha acudido a una reunión presencial con la ministra, el secretario de estado, Pablo Zapatero; y el director del gabinete de la ministra, Rafael Pérez.
