La Fiscalía Anticorrupción atribuye una «falta de consistencia» al expresidente de BBVA Francisco González por señalar ahora como prescritos hechos que antes decía desconocer, en referencia a las presuntas operaciones que habría encargado a personal de la entidad bancaria para obtener información sobre una finca que estaba interesado en comprar a título personal.
En un escrito de 29 de julio, los fiscales a cargo del ‘caso Tándem’ se muestran en contra del argumento defendido por González y mantienen su intención de investigar al exdirectivo.
González presentó recurso contra el auto de 20 de julio del magistrado a cargo del denominado ‘caso Villarejo’ por el que se le imputa un nuevo delito de administración desleal -ya estaba imputado por cohecho y revelación de secretos– por, supuestamente, usar la entidad bancaria que presidía para conseguir información sobre una finca que quería comprar.
El expresidente del BBVA aseguró que «nunca encargó gestiones de localización y valoración de fincas a ninguna persona del banco», apostillando que, «a lo sumo, pudo pedir a su jefe de Gabinete, Joaquín Gortari, que realizase una serie de averiguaciones relativas a la situación registral» de las mismas y que, en tal caso, lo haría para evitar posibles conflictos de intereses y preservar así el «buen nombre» de la entidad.
En su escrito, el Ministerio Público sostiene que el recurso del expresidente de BBVA es una «prueba evidente de la falta de consistencia jurídico procesal» porque «identifica plenamente» algunas operaciones de las que en un principio «nada decía saber». «Pese a desconocer los hechos, el recurrente señala ahora que estos estarían prescritos», insisten.
La Fiscalía hace un repaso de los hechos hasta ahora señalados en el marco de la instrucción y subraya que, según las pesquisas, González recurrió al personal contratado por BBVA para «analizar posibles operaciones de interés particular».
«De lo instruido hasta la fecha, y especialmente de la propia normativa interna aportada por la persona jurídica BBVA, se desprende que, dentro de las funciones y/ o competencias, del presidente de la entidad no se encontraban la de hacer uso de los empleados, ni de los recursos de la entidad para un fin tan claramente particular como la posible adquisición de una finca», ha indicado Anticorrupción.
En el marco de su exposición, los fiscales recuerdan que «lo que se denuncian son hechos y no delitos». Según dicen, «existen accionistas de la entidad que han presentado denuncias que, con independencia de la calificación jurídica que realicen, ponen de manifiesto hechos de una presunta administración desleal».
FISCALÍA RESPALDA AL JUEZ
Los fiscales aseguran que el auto recurrido por González «satisface totalmente las exigencias de motivación» que impone la ley, «pues identifica como hechos objeto de imputación la presunta utilización de recursos de la entidad que presidía para fines privados». Así, respaldan la decisión del magistrado instructor, Manuel García-Castellón, y precisan que «será ahora, durante la instrucción, cuando se irán concretando» los hechos.
Explican que la finalidad de la investigación que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional es «comprobar si los indicios que existen se materializan en pruebas hábiles para sostener una acusación».
Avisan de que «declarar una prescripción cuando los indicios albergan desde la inicial contratación de diciembre de 2004, hasta el año 2018, resulta cuanto menos prematuro». Argumentan, además, que se trata de «cuestiones embrionarias que deberán ser objeto de estudio y fundamentación en la fase final de la instrucción y no en estos momentos, en que se está tratando de averiguar y concretar los hechos partiendo de los indicios generales».
BBVA REPROCHA A FISCALÍA
En un escrito de 11 de agosto, BBVA –que permanece investigada como persona jurídica– reprocha a Anticorrupción que pidiera al juez prorrogar la instrucción de la pieza separada relativa a los negocios de BBVA con el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
«Lejos de limitarse a justificar la conveniencia de la prórroga y a describir las diligencias que deberían a su juicio practicarse, el Ministerio Fiscal aprovechó este informe para lanzar de nuevo graves reproches, tan injustificados como gratuitos, contra BBVA, sus actuales responsables y sus abogados por una supuesta falta de colaboración», ha sostenido la entidad.
La defensa del banco acusa al Ministerio Fiscal de buscar «incesantemente» el «Santo Grial de la prueba ocultada o destruida por BBVA o sus abogados, posiblemente ante la evidencia de que no hay en la presente pieza indicios sólidos de hechos delictivos atribuibles a BBVA o a sus empleados o directivos».
La entidad sostiene que «en todo momento» ha pretendido «guardar la lealtad procesal debida con el Instructor y con todas las partes personadas» y defiende que su actitud «no es meramente retórica», ya que «se ha materializado en la entrega de multitud de evidencias» que, según dice, han resultado el fundamento de la imputación de la persona jurídica y de multitud de personas físicas.
BBVA insiste en su escrito en que la instrucción «se ha visto impulsada», entre otras razones, por su «actitud abiertamente colaboradora» y asegura que las «sospechas infundadas que se pretenden verter» sobre el banco «han de ser rechazadas con firmeza por cuanto, sencillamente, no se corresponden con la realidad».
