Vox ha presentado este martes en el Tribunal Constitucional dos recursos a la ley orgánica de protección integral ala infancia y la adolescencia frente a la violencia, así como a la ley que pone fin a la incapacitación judicial de personas con discapacidad, que recogen la prohibición de los padres acusados en delitos de violencia de género de visitar a sus hijos, así como la obligación de que los niños recivan «educación afectivo sexual».
En relación al texto sobre infancia, la formación que preside Santiago Abascal, critica que se incluya la obligatoriedad de que todos los menores reciban «educación afectivo sexual», una medida que, a su juicio, «incorpora normativamente una ideología estatal en la que forzosamente se pretende adoctrinar a los alumnos».
«El Estado impone al alumnado y a sus progenitores una doctrina estatal que se incluye además en el currículo como contenido obligatorio en el que necesariamente habrán de ser evaluados los niños y ello aunque esas convicciones estatales puedan resultar frontalmente opuestas a las de sus progenitores», explica la formación en un comunicado.
El partido apunta que la Constitución reconoce la necesidad de orientar la enseñanza «hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales» y con respeto a las convicciones religiosas, ideológicas y filosóficas de los progenitores. Es por eso que Vox llama a una «necesaria neutralidad ideológica» del Estado en este sentido.
«PARENTALIDAD POSITIVA»
De la Ley contra la Violencia en la Infancia, el partido critica también el concepto incluido en ella de «parentalidad positiva», que recoge la promoción de la corresponsabilidad, medidas para combatir los roles de género, el rechazo de la violencia contra las mujeres y niñas o la educación con enfoque inclusivo, entre otras medidas.
Para la formación de Abascal, «estos preceptos abandonan la línea del constitucionalismo democrático de considerar el espacio familiar como un ámbito privado de libre desarrollo de las relaciones afectivas entre padres e hijos, sin injerencias de los poderes públicos».
Además, cree que, con esta ley, se convierte a la familia «en el objeto de un intenso escrutinio por parte de los poderes públicos recabando, en su caso, datos concretos sobre la vida familiar de las personas».
En el comunicado, Vox también pone el foco en la medida que señala que «no procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos».
Para Vox, esta medida es «una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión».
RECHAZA LA ANULACIÓN DE VISITAS A PADRES
El mismo argumento utiliza la formación para rechazar una medida similar pero incluida en la Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica: la que anula todo «régimen de visita o estancia respecto del progenitor incurso en un proceso penal iniciado por violencia de género».
Además, de la vulneración del derecho a la tutela, Vox critica que esta medida se incluya en una norma cuyo enunciado «nada tiene que ver» con la finalidad de la misma.
«El deber que la Constitución impone a los poderes públicos de velar por el superior interés y beneficio de los menores de edad no admite períodos de ‘vacatio’, en los que el interés del menor puede sufrir las consecuencias de una decisión automatizada y genérica que prescinde de las circunstancias que, en particular, le afectan», apunta el partido de Abascal.
«En ningún caso, puede considerarse admisible el desamparo de un menor, sólo porque cabe la posibilidad de que no se prolongue en exceso en el tiempo», explica Vox.
Además, denuncian la «privación automática y por efecto de la ley, de la facultad que corresponde al progenitor de poder participar en la toma de decisiones que le incumben en el ejercicio de la patria potestad cuya titularidad le pertenece y sin resolución judicial que le limite o prive de las facultades que leconciernen».
A su juicio, con estas dos nuevas normas «se da un paso más en el recorte de libertades iniciado por el Gobierno Sánchez que afecta, en este caso, a ámbitos tan sensibles como la educación de los niños y el derecho de un padre a ejercer como tal con la presunción de inocencia que la Constitución española reconoce».
