La Fiscalía Anticorrupción ha apuntado a «una posible responsabilidad» del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy en la ‘Operación Kitchen’, reprochando que el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas «se quiere delimitar artificialmente en el ámbito del Ministerio de Interior», según señala en el recurso formulado contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de poner fin a la investigación de esta pieza separada de ‘Tándem’.
Los fiscales César de Rivas y Miguel Serrano hablan de esa delimitación artificial porque, a su juicio, aunque las pesquisas reflejan con «contundencia y solidez» que la ‘Operación Kitchen’ se habría desarrollado por parte de la cúpula policial con «conocimiento y protección» del Ministerio de Interior, «esto no implica que las posibles responsabilidades fuera de ese ámbito, en concreto, del presidente del Gobierno y de los dirigentes del PP, no constituyan el objeto del procedimiento».
Esta hipótesis, indican los fiscales en su escrito, no está «vacía de soporte indiciario». En este sentido, subrayan que en el curso de las actuaciones han aparecido «elementos que confluirían en una posible responsabilidad del presidente del Gobierno» de entonces, Mariano Rajoy.
Entre esos «elementos» mencionan los números de teléfono aportados por el comisario José Manuel Villarejo, desde los que dice que se mensajeaba con Rajoy sobre la ‘Kitchen’, y las grabaciones de conversaciones en las que se alude a ‘El Asturiano’ como la persona a la que se reportaba sobre este supuesto operativo ilegal.
Por ello, el Ministerio Público cree que resulta «imprescindible» dilucidar «si los funcionarios policiales y los máximos responsables del Ministerio de Interior actuaban en concierto con dirigentes del partido político gubernamental».
«No se puede concluir que se hayan perfilado todos los elementos del complejo hecho punible, ni tampoco que se haya determinado la participación en el mismo de todos los partícipes, en unos casos, ante los evidentes indicios de la participación de personas hasta la fecha no investigadas; en otros casos, ante la necesidad de concretar el alcance de la participación en los hechos de personas que ya ostentan la condición procesal de investigadas», sostienen De Rivas y Serrano.
COSPEDAL Y SU MARIDO
Defienden que los avances en la investigación han puesto de manifiesto que «por encima de la cúpula policial y de los máximos responsables del Ministerio de Interior otras personas habrían participado activamente en el desarrollo» de la ‘Kitchen’, refiriéndose a dirigentes del PP que estarían al tanto del operativo ilegal, entre los que cuenta a la ex secretaria general de los ‘populares’ María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.
«Que de forma paralela a esta tutela de la ilícita operación policial por parte de los máximos responsables del Ministerio de Interior la ‘Operación Kitchen’ fuera también conocida, promovida, por la secretaria general del PP, el partido gubernamental en aquellas fechas, junto con su esposo, no es una mera hipótesis plausible desde una mera lógica de los hechos, sino que descansa en varios de los elementos indiciarios recabados durante la instrucción», afirman.
Por ello, entienden que «resulta prematuro el sobreseimiento de las actuaciones respecto de estos dos investigados, que encarnarían la ‘conexión política ajena al Ministerio de Interior’ de la ‘Operación Kitchen'», y solicitan reabrir las pesquisas judiciales para ambos, que llegaron a estar imputados ante las sospechas de García-Castellón de que su intervención fue «decisiva» para captar al entonces chofer de los Bárcenas, Sergio Ríos, como espía.
De Rivas y Serrano ven «incomprensible» que el juez haya optado por no procesar al matrimonio, a pesar de los indicios que –según Anticorrupción– reflejan que la pareja tomó la iniciativa de reunirse con Villarejo en varias ocasiones por la información que el comisario les había dado sobre la implicación e inminente detención de algunos de los principales implicados en la ‘Gürtel’, en concreto de Francisco Correa y Arturo González Panero, a raíz del chivatazo atribuido al ex jefe de la UDEF José Luis Olivera.
En opinión de los fiscales, las declaraciones en sede judicial de Cospedal y su marido el pasado mes de junio no solo «no resultan creíbles», sino «abiertamente contradictorias» con las manifestaciones de José Luis Ortiz –ex jefe de Gabinete de ella–, con los mensajes de texto del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y con las conversaciones entre Villarejo y el propio López del Hierro.
«ROTUNDA NEGATIVA» A INVESTIGAR LA TRAMA POLÍTICA
Los fiscales reconocen, no obstante, que «de este interés al conocimiento y patrocinio político de la ‘Operación Kitchen’ hay, efectivamente, un trecho que no está indiciariamente soportado con la rotundidad que reflejan los indicios obtenidos acerca de la trama policial y en el ámbito del Ministerio de Interior», de ahí su empeño en continuar con las pesquisas.
«Pero lo que parece es que ese paso no se quiere dar», lamentan para añadir: «Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación».
Fiscalía llega a hablar de «cierre en falso» de la instrucción y de «prisas injustificadas», reclamando a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que revoque el auto del pasado 29 de julio para prorrogar seis meses las investigaciones.
LAS OTRAS ‘KITCHEN’: EL FALSO CURA Y LA CÁRCEL
Anticorrupción esgrime que aún es necesario practicar algunas diligencias para «cerrar el círculo de todos los responsables de la ‘Operación Kitchen'». Así, insiste en citar como imputado al ex director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, argumentando que de lo hasta ahora investigado se deduce que habría tenido «una participación no meramente circunstancial sino de carácter específicamente directivo».
También busca imputar al que fuera ‘número dos’ de la UCAO Mariano Hervás, porque era quien estaba al mando –aunque de forma interina– de esta unidad policial cuando comenzaron las vigilancias a los Bárcenas, en julio de 2013, «por lo que no cabe considerar que pudiera haber actuado en función de la obediencia debida y sin conocimiento del carácter ilícito de los seguimientos».
Asimismo, Fiscalía considera fundamental seguir indagando si la ‘Kitchen’ fue más allá de esos seguimientos policiales y del trabajo de Ríos –apodado ‘K2’ por la trama– y Bárcenas fue espiado también durante su estancia en prisión provisional por otros internos, razón por la cual quiere profundizar en las pesquisas sobre su antiguo compañero de presidio Isidro Sánchez.
Por los mismos motivos, los fiscales quieren volver a investigar a Enrique Olivares, el ‘falso cura’ que asaltó la casa de los Bárcenas en octubre de 2013, en «pleno desarrollo» de la ‘Kitchen’, para determinar si era parte de la misma, dado que tenía idénticos objetivos: «el apoderamiento del material documental que pudiera encontrarse en poder del anterior tesorero del PP».
Por otro lado, demanda reactivar la hasta ahora infructuosa búsqueda del material robado a Bárcenas. En dicho auto, el juez concluyó que la ‘Kitchen’ tuvo éxito pero estimó que no merecía la pena persistir en recuperar la documentación sustraída. Los fiscales opinan que una nueva declaración del inspector José Ángel Fuentes Gago podría impulsar esta línea de investigación. Y se basan en uno de los apuntes que figuran en las últimas agendas conocidas de Villarejo: «Lo que le quitaron a LB esta en el despacho de GAGO».
