El Gobierno de Canarias y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) han destacado que el decreto ley que aglutina las medidas de control contra la propagación de la Covid-19 en las islas mantiene la ratificación judicial a las diferentes medidas que sean necesarias aplicar desde el punto de vista sanitario.
Así lo han puesto este jueves de manifiesto el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, tras mantener una reunión en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria.
En este sentido, al ser cuestionado por las veces en que la Justicia no respaldó algunas de las medidas que su Ejecutivo veía necesario aplicar, Torres recordó que una vez decaído el Estado de Alarma, y teniendo en cuenta la evolución de la Covid y la Incidencia Acumulada, hubo que tomar decisiones que tenían que ser ratificadas por la Justicia, y que algunas lo estuvieron y otras no.
«Y por cierto –añadió–, el Decreto Ley de Medidas Sanitarias recientemente aprobado por el Gobierno de Canarias y que irá a Pleno también mantiene la ratificación de medidas por parte de la Justicia», para entender que lo mejor es que cualquier decisión que se tome desde el plano de vista legislativo tenga la máxima seguridad desde el plano judicial «por el bien de todos».
El presidente regional apuntó que en los últimos meses han habido medidas que no fueron ratificadas por el TSJC y otras que sí lo fueron, como por ejemplo el número máximo de personas en grupo. «Y justamente eso es la separación de poderes», matizó.
Asimismo, hizo especial hincapié en que siempre ha acatado las decisiones judiciales independientemente de que haya podido estar más o menos de acuerdo con las mismas, señalando que Gobierno de Canarias y TSJC caminan «de la mano» para preservar la salud de los isleños.
EL ORDENAMIENTO JURÍDICO HA FUNCIONADO EN UNA SITUACIÓN «INÉDITA»
Desde el TSJC, su presidente suscribió las palabras de Torres y añadió que en la situación «inédita» que ha producido la pandemia el ordenamiento jurídico «ha funcionado». «Estamos en un Estado de Derecho con sus controles, sus poderes y sus garantías. En definitiva, los poderes se han limitado a la labor que constitucionalmente tienen asignada», aseveró.
Lorenzo Bragado comentó de igual modo que el Real Decreto aprobado recientemente por el Gobierno de Canarias contempla una remisión de las normas sobre la ratificación de las medidas que puedan suponer una afectación a los derechos fundamentales sin perjuicio de que todos los actos que constituyan la aplicación de la normativa puedan ser susceptibles de control por parte de los tribunales de lo contencioso-administrativo.
«Y que no le quepa duda a ningún ciudadano de que si algún tribunal con ocasión de la revisión de esos actos concretos tuviera duda sobre la constitucionalidad de algunos de esos preceptos podría, si así lo estima oportuno, plantear la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad», observó.
