El presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, tacha de «absolutamente decepcionante» la reforma de la Ley de Tráfico que se está tramitando en estos momentos en el Congreso de los Diputados, porque «nuevamente se incide en el aspecto sancionador de la norma y se dejan sin resolver aspectos que hoy están incidiendo en la movilidad y en la seguridad de los ciudadanos».
En declaraciones, Mario Arnaldo pone como ejemplo el caso de los vehículos de movilidad personal como son los patinetes y destaca que «se deja sin resolver si estos vehículos deben o no ser matriculados, a partir de qué edad se pueden conducir, o si necesitan o no un seguro obligatorio, como ocurre en Francia».
En relación con el permiso por puntos, ha denunciado que «no se van a corregir ninguna de las disfunciones» del sistema que denomina ‘Typical Spanish’, porque «no se resuelven los problemas de la detracción de puntos a conductores extranjeros, ni cómo evitar que puedan seguir conduciendo legalmente infractores que no sólo han agotado su saldo de puntos, sino que pueden tener menos 200, o que, por ejemplo, no afecte a su saldo de puntos la condena penal que puedan imponer los jueces a un conductor borracho».
Sobre la propuesta de eliminar el margen de velocidad de 20 kilómetros hora (km/h) al realizar un adelantamiento en carreteras convencionales, añade: «Ni existe normativa europea al respecto, como se quiere hacer creer a la opinión pública, ni se ha aportado ningún informe técnico que avale la medida, existiendo por el contrario, otros que no la aconsejan».
En este sentido, Mario Arnaldo ha apuntado que tampoco se ha aportado «ningún informe económico que explique el coste de señalizar nuevamente los 150.000 kilómetros de carreteras convencionales que quedarían afectados y en los que en dos de cada tres tramos habría que prohibir el adelantamiento».
Asimismo, cree que «se está perdiendo la oportunidad de suprimir la actual situación de inseguridad jurídica que existe en España». «Un mismo hecho es castigado por un juez y su colega de enfrente, de otro juzgado, sanciona de forma diferente, sin posibilidad de que el Tribunal Supremo pueda unificar criterios, como ha ocurrido, por ejemplo, con los toques de queda con las comunidades autónomas», ha argumentado.
También ve «preocupante» el hecho de que un ayuntamiento «pueda inventarse señales que no están contempladas en el catálogo oficial» o que las condiciones para el estacionamiento de una persona con discapacidad no sean iguales en todo el territorio nacional.
«Lo cierto es que la sensación que existe hoy entre los ciudadanos es que la justicia en materia de tráfico es una lotería y que las multas sólo tienen un carácter recaudatorio. Señores parlamentarios, tienen la oportunidad de corregir toda esta situación», ha zanjado.
