El juez espera la respuesta de Países Bajos sobre la fortuna de Oleguer Pujol

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha vuelto a solicitar a Países Bajos que complete la información requerida sobre las cuentas bancarias de Oleguer Pujol, el pequeño del clan Pujol, un último paso antes de decidir el rumbo de esta pieza separada de la macrocausa dedicada a investigar el origen de la fortuna del ex presidente catalán y familia.

El responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 5 (JCI5) ha acordado enviar «un OEI (Orden Europea de Investigación) recordatorio a las autoridades de Países Bajos, para reclamar el cumplimiento de la acordada» en junio de 2020 a petición de la defensa de Oleguer Pujol y conforme al criterio de la Fiscalía Anticorrupción, según una providencia del pasado 1 de septiembre avanzada por Vozpopuli.

El anterior juez instructor del ‘caso Pujol’, José de la Mata –ahora en Eurojuts–, libró en octubre de 2019 una OEI dirigida a Países Bajos para que se practicaran unas diligencias de investigación en relación a dos empresas vinculadas al hijo menor del ex president, Dotricia BV y Anline Services BV.

Las autoridades neerlandesas respondieron en enero de 2020 detallando que esas dos cuentas acumularon en 2015 –el año analizado– algo más de 26 millones de euros, acompañando su contestación con los extractos bancarios de los activos que, a 31 de diciembre de 2015, tenían ambas cuentas.

Sin embargo, la defensa esgrimió que dicha información no era más que una «foto final», reclamando el detalle de las operaciones realizadas en esas dos cuentas a lo largo de 2015. De la Mata accedió y pidió a Países Bajos que completara los datos requeridos en la OEI.

La respuesta sigue sin llegar, por lo que en un escrito del pasado mes de marzo Oleguer Pujol se dirigió ya a Pedraz, como nuevo responsable del JCI 5, para que insistiera a sus colegas holandeses. Ahora, el magistrado ha dado curso a este «OEI recordatorio».

Según las fuentes jurídicas, la respuesta de Países Bajos es la última pieza que queda para completar la investigación sobre las operaciones inmobiliarias de Oleguer Pujol.

LA PIEZA ‘DRAGO’

Pedraz acordó el pasado mes de julio no alargar más la instrucción de esta pieza separada del ‘caso Pujol’, denominada ‘Drago’, sin perjuicio de recibir las cuestiones pendientes, entre ellas la respuesta a dicha comisión rogatoria y el informe definitivo de la Agencia Tributaria.

De la Mata abrió ‘Drago’ un año antes, en julio de 2020, para esclarecer el origen del dinero que Oleguer Pujol invirtió en diversas operaciones inmobiliarias de la empresa Drago Capital y en la propia compañía, tras constatarse el uso de sociedades extranjeras para el cobro de comisiones.

Destaca el denominado ‘proyecto Brick’, consistente en la compraventa de 1.152 locales de sucursales del Banco Santander, que se llevó a cabo por Samos Servicios y Gestiones SLU.

En un principio, De la Mata mantuvo imputados a Oleguer Pujol y a su antiguo socio Luis Iglesias –yerno del ex ministro Eduardo Zaplana–, así como a otras seis personas, entre ellas los hijos del financiero Javier de la Rosa, Javier y Gabriela, y a José María Villalonga Bardella y José María Villalonga Cabarrocas. Tras la llegada de Pedraz al juzgado la causa se archivó para Iglesias, pero continúa para el resto.

Entretanto, la pieza principal sigue su curso. Pedraz acordó la apertura de juicio oral contra el ex presidente catalán y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política, y pidió al clan que deposite 7,5 millones de euros para cubrir las eventuales responsabilidades civiles.

De esta forma, el magistrado siguió el camino señalado por la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito de acusación se dirigió contra toda la familia, al estimar que actuaron conjuntamente, mientras que la Abogacía del Estado apuntó solo al primogénito, su ex mujer y a otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, aunque destacó el papel de Jordi Pujol Jr y su madre en la «dirección operativa» de esta presunta organización criminal.