Los productores quedarán obligados a cobrar a los consumidores un importe por cada envase que compre y éste depósito podrá ser recuperado posteriormente al devolver el recipiente en un punto de venta que, a su vez, deberá recoger el envase y a abonar el importe previamente depositado por el consumidor, sea su cliente o no.
Así lo proponen Unidas Podemos y PSOE en las enmiendas al presentadas proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que se tramita en el Congreso.
De acuerdo con estas enmiendas, los grupos que apoyan el Gobierno de coalición añaden a la propuesta legislativa una disposición para «aclarar» las normas básicas de funcionamiento del Sistema de Depósito de Devolución y Retorno (SDDR) cuya posibilidad ya recogía el texto normativo en su artículo 37, que prevé la posibilidad de implantar esta vía para los envases de un solo uso, como por ejemplo las latas o las botellas de plástico.
En concreto, la enmienda indica que los productores estarán «obligados» a cobrar a sus clientes, hasta el consumidor final una «cantidad individualizada por cada envase que sea objeto de transacción, independientemente de la modalidad de venta, lo que incluirá la venta a distancia y mediante máquinas expendedoras».
Posteriormente, da el derecho a los consumidores a recuperar su depósito una vez retornen el envase en los puntos de venta u otros puntos que puedan establecerse para su devolución.
Así, cuando se devuelva en el punto de venta, los comerciantes están obligados a la devolución del depósito y a la aceptación de los envases. La propuesta establece que reglamentariamente se podrá limitar la obligación de aceptar envases al tamaño y material que comercialicen.
En cuanto a los establecimientos que vendan a los consumidores finales, se impone la obligación de «informar a los consumidores de forma clara y visible, mediante avisos claramente reconocibles y legibles, sobre la cuantía del depósito, diferenciándolo del precio del producto, y sobre la modalidad de devolución y de recuperación del depósito».
En este contexto, para el diputado portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos, Juan López de Uralde, mientras el modelo actual del sistema integrado de gestión (SIG), en el que los envasadores de los productos financian la recogida de los envases mediante convenios con los municipios, en el SDDR es el comprador quien paga una parte en concepto de depósito que recupera al devolver el envase.
«Se trata de poner en marcha este sistema de devolución, que es la versión moderna de la tradicional devolución de los cascos de botellas en las tiendas», asegura López de Uralde, convencido de que las enmiendas presentadas mejorarán la futura ley de residuos que tendrá «importantes implicaciones ambientales, económicas y sociales».
Por otro lado, PSOE y Unidas Podemos propone añadir al artículo 18 y a la disposición final tercera medidas para fomentar la venta a granel o el uso de dispositivos reutilizables con el objetivo de reducir la generación de envases de un solo uso.
Para ello, prevé un desarrollo reglamentario que pasa por que, «a más tardar» el 1 de enero de 2023 las tiendas minoristas de alimentación cuya superficie sea de más de 400 metros deberán destinar, «al menos el 20 por ciento» de su área de ventas a ofrecer productos sin embalaje primario, incluida la venta a granel o mediante en envases reutilizables.
Asimismo, «todos» los establecimientos de alimentación que vendan productos frescos y bebidas, así como alimentos cocinados, deberán aceptar el uso de recipientes reutilizables (bolsas, tápers, botellas, entre otros) adecuados para la naturaleza del producto y debidamente higienizados.
LLEVE SU PROPIO ENVASE
Sin embargo, de acuerdo con esta enmienda no recaerá en ellos la responsabilidad de su adecuado acondicionamiento sino los consumidores. De hecho, faculta a los comerciantes a rechazar los recipientes que lleven los clientes si estos están «manifiestamente sucios o no son adecuados». Para ello, el punto de venta deberá informar al consumidor final sobre las «condiciones de limpieza e idoneidad de los envases reutilizables».
LOS RESIDUOS ORGÁNICOS, EN BOLSAS COMPOSTABLES
Por otro lado, propone añadir al proyecto de ley la obligación de que los biorresiduos, como la basura orgánica o el aceite usado, sean recogidos de forma separada en origen sin mezclarlos con otros residuos antes del 1 de julio de 2022, con el fin de dar un periodo transitorio suficiente para que los afectados –administraciones y ciudadanos– se adapten y puedan cumplir. En el proyecto de ley la fecha prevista era el 31 de diciembre de 2021, pero para entonces es muy poco probable que la ley esté ya en vigor.
Esa fecha, julio de 2022 es la nueva propuesta para la recogida separada de los residuos de demolición, ya que antes se preveía igualmente el 31 de diciembre próximo. Lo mismo ocurre con el amianto, cuyas fechas también se modifican en las enmiendas del gobierno de coalición, y que ahora pasan a un año a partir de la entrada en vigor de la ley como plazo para que los Ayuntamientos elaboren un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto y un calendario de retirada de esta sustancia perjudicial.
El proyecto de ley remitido al Congreso establecía que esto debía ocurrir «antes de 2023», pero ahora se amplía ese plazo en tanto en cuanto la norma ve la luz definitiva. No obstante, las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028.
En este segmento de residuos, fija el porcentaje de impropios máximo permitido en un 20 por ciento desde 2022 y en un 15 por ciento a partir de 2027. De hecho, prevé que la superación de dichos porcentajes tendrá carácter de infracción administrativa y será sancionable por las comunidades autónomas, por lo que las entidades locales deberán establecer mecanismos de control, mediante caracterizaciones periódicas, y reducción de impropios para cada flujo de recogida separada.
PSOE y Unidas Podemos expresan que los biorresiduos representan un porcentaje «muy importante» del total de residuos generados, por lo que contribuyen de manera «decisiva» a cumplir con los objetivos de preparación para reutilización y reciclado establecidos a nivel europeo.
En esa línea sigue una enmienda más, que busca facilitar y mejorar los procesos de tratamiento biológico posterior, plantean que los biorresiduos se recojan de manera específica en bolsas compostables que cumplan con la normativa europea y otros estándares.
Finalmente, otra novedad que plantea el grupo confederal de Unidas Podemos y el PSOE afecta a las cápsulas de café monodosis, que se suman a los textiles, muebles, enseres y plásticos de uso agrario no envases para los que se tendrán que desarrollar regímenes de responsabilidad ampliada del productor. Esta incorporación se debe a que la «mayoría de las cápsulas de café monodosis no cumplen» con la definición jurídica de envases mientras que se registra un «consumo creciente» de este producto que no se recupera en las plantas de clasificación.
