El PP someterá este martes a debate del Pleno del Congreso una proposición de ley para «reforzar la independencia judicial» que incluye la condición que ha puesto al Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial, caducado desde hace casi tres años: cambiar el sistema de elección en ese órgano para que los vocales de procedencia judicial los elijan directamente los jueces.
Fue el propio líder del PP, Pablo Casado, el que hace poco menos de un año presentaba esta iniciativa, y lo hacía justo después de que el PSOE y Unidas Podemos registraran en el Congreso su propuesta para rebajar la mayoría de tres quintos a mayoría cualificada con el fin de poder renovar el CGPJ sin el concurso del PP.
Y ahora los ‘populares’ han decidido llevar esa propuesta al Pleno de esta semana como forma de presionar al Gobierno, puesto que Casado comenzó el curso político advirtiendo de que sólo actualizaría el CGPJ si antes arrancaba al Ejecutivo el compromiso de reformar la legislación para que los jueces elijan a los jueces.
Casado asume que esta reforma legal –en caso de que finalmente el Congreso la tomara en consideración– no podría aplicarse para el actual proceso de renovación del Consejo, que se inició hace dos años. Esto es, que accedería a negociar los nuevos vocales con el sistema vigente.
Desde el Gobierno consideran que esta condición que Casado ha puesto encima de la mesa no es más que «una nueva excusa» para no cumplir con sus obligaciones institucionales, por lo que todo apunta a que esta propuesta legislativa no saldrá adelante.
PROMESA ELECTORAL
En concreto, con esta proposición de ley, los ‘populares’ buscan volver al sistema de elección que promovieron los constituyentes para garantizar la separación de poderes, pese a que el partido ya incluyó esta iniciativa en su programa electoral de las generales.
En su reforma, el PP plantea en su propuesta que los 12 vocales de procedencia judicial sean elegidos por entre los jueces y magistrados que se encuentren en activo y que se descarten perfiles políticos en los ocho juristas que proponen los grupos parlamentarios.
Asimismo, propone ampliar el sistema de mayorías reforzadas de tres quintos a todas las decisiones del Consejo, que éste redacte informes para cualquier iniciativa que afecte al funcionamiento de la justicia y que las asambleas legislativas autonómicas no puedan designar vocales de los tribunales superiores de justicia.
En su propuesta, los ‘populares’ también apuestan por la «despolitización» de la Fiscalía con una serie de medidas que abrirían la puerta a la recusación de la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
EL PP YA RECURRIÓ ANTE EL SUPREMO
El año pasado, los de Casado presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión de Pedro Sánchez de situar a la exministra de Justicia en el Ministerio Público alegando que no cumple el requisito de «idoneidad» y por su «falta total de objetividad y de imparcialidad».
Así, los ‘populares’ plantean que el fiscal general del Estado pueda ser recusado y que para acceder a ese cargo se requiera ser jurista de «reconocido prestigio» con al menos 15 años de ejercicio y no haber desempeñado un cargo representativo o de confianza política «en los diez años anteriores». En caso de prosperar la reforma, los ‘populares’ abrirían la puerta a la recusación de Dolores Delgado.
