La Comunidad de Madrid trabaja ya en las nuevas leyes de Servicios sociales y de Protección a la Infancia y está impulsando un nuevo modelo de atención residencial para los mayores centrado en la persona, ha señalado la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Familia y Política social celebrada hoy en la Asamblea de Madrid.
La consejera ha explicado las líneas maestras de su departamento para los próximos meses, que en el plano normativo incluyen dos iniciativas legislativas: el Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, que remplazará el texto de 2003 y cuyo borrador está pendiente de informe antes de su tramitación parlamentaria; y el Proyecto de Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, que actualizará la ley de 1995.
«Este texto recogerá la apuesta inequívoca de este Gobierno por promover y potenciar el acogimiento familiar de los menores tutelados, entendiendo que un entorno afectivo estable contribuye al mejor desarrollo, formación y a la plena integración social», ha subrayado Dancausa.
El fomento y protección de la natalidad va a ser otro de los ejes fundamentales de la presente legislatura. Así, en 2022 comenzará a funcionar la ayuda de 14.500 euros por hijo para las madres menores de 30 años y con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales previstas en el Plan de Natalidad anunciado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante su discurso de investidura.
Y también se mantiene la subvención a las entidades sin ánimo de lucro que asisten a mujeres embarazadas y madres con hijos menores de tres años que carecen de recursos.
En lo que se refiere a la atención al mayor, Dancausa ha señalado la necesidad de cambiar el modelo de atención residencial, algo en lo que se trabaja a nivel nacional junto al Imserso.
También ha recordado la aprobación del nuevo Acuerdo Marco que mejora las condiciones de contratación de plazas en residencias de mayores, ampliando el número de profesionales por usuario, mejorando su alimentación e implantando planes individuales de atención.
En este asunto, la consejera ha lamentado el incumplimiento del Gobierno de España respecto a la financiación del sistema de la Dependencia. De hecho, pese a que la ley establece que la cobertura de este servicio debe financiarse al 50% entre el Estado y la Comunidad Autónoma, la aportación estatal anual no llega al 15% de esa cantidad.
Otros proyectos para esta legislatura son la creación de viviendas tuteladas para personas con discapacidad intelectual autónomas y la reducción del número de personas sin hogar. Así, antes de fin de año se habilitarán 60 nuevas plazas para personas vulnerables que carecen de residencia y se trabaja en el impulso del modelo ‘Housing first’, en el que además de una vivienda se proporciona apoyo social a estas personas para su adaptación, ha dicho.
