La Audiencia Nacional ha rechazado extraditar a Alberto Sierra Olivan, un ciudadano español requerido por las autoridades de Perú por su participación en el tráfico de aves prohibidas, porque los hechos por los que es requerido no constituyen un delito en España.
Concretamente, Sierra había sido reclamado por el país sudamericano por un delito de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre después de que el acusado fuera detenido en el aeropuerto Internacional de Lima en 2016 con 34 aves de fauna silvestre en su poder sin tener autorización para ello.
En el auto que rechaza la entrega de Sierra, los magistrados coinciden con la Fiscalía, que defendía que los diferentes tipos de tucanes con los que fue sorprendido –como el cabezón o el rabirojo– no están protegidos en el Código Penal español, que tan solo contempla a la fauna nacional.
Además, recuerdan que en junio de 2020 ya se rechazó otra solicitud de extradición formulada por Perú utilizando el mismo razonamiento. Concretamente, después de que las autoridades requisasen a Sierra a varios ejemplares de los gallitos de las rocas, una especia protegida por la legislación peruana pero no por la española.
FISCALÍA Y DEFENSA DEFENDÍAN QUE SIERRA NO HABÍA COMETIDO UN DELITO
La decisión de la Audiencia Nacional se produce una semana después de que se celebrase la vista de extradición, en la que la Fiscalía y la defensa Sierra defendieron que el acusado no habría incurrido en ningún delito. Ambas partes coincidían en que se trataba, únicamente, de una sanción administrativa y en ningún caso un delito de contrabando.
Sierra fue detenido en septiembre de 2019 en Logroño por agentes de la Guardia Civil en cumplimiento de una orden internacional de detención que se basaba, precisamente, en la adquisición, transporte y entrega de esas mismas aves con la finalidad de su exportación a España.
Esto dio lugar a la apertura de la Operación Suzaku, culminada en noviembre de 2017, con la detención de una treintena de personas integrantes de una organización criminal dedicada a la introducción ilegal en España de aves y huevos, adquiridos en diversos países de África y Sudamérica.
La desarticulación de esta organización, que utilizaba mulas para el transporte de las aves o sus huevos por vía aérea, se saldó con la detención de 29 personas en distintos puntos del territorio nacional, así como en otros países, a las que habría que sumar otras 2 personas que han sido investigadas no detenidas en España.
