La red presuntamente encabezada por el productor televisivo José Luis Moreno habría adquirido y utilizado coches de lujo de las marcas Ferrari, Tesla o Mercedes para «ofrecer una imagen de poder y solvencia» ante los empleados bancarios a los que acudían para obtener financiación y aprobar sus operaciones.
Así se desprende de un oficio elaborado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el que los investigadores detallan que la compra de vehículos como el Ferrari 458 Spider –cuyo precio supera los 250.000 euros– era también «una forma más de blanqueo de capitales».
De esta forma, la organización daba «salida al dinero obtenido de su actividad delictiva». Esa no era la única función de los imponentes coches, ya que algunos integrantes de la red como Antonio Salazar los habrían utilizado «para sus desplazamientos» a las sucursales de entidades bancarias y de crédito, a las que trataban de impresionar.
La red adquiría los vehículos a nombre de las sociedades, familiares y amigos más directos, tratando de ocultar su titularidad real. «Estas adquisiciones de vehículos son una forma más de blanquear el dinero obtenido de su actividad ilegal, dado que existe gran desproporción entre el valor de estos bienes y los ingresos de origen licito que tienen los detenidos», explica el informe.
En la flota sufragada, según los investigadores, con el dinero procedente de la organización, se encuentran distintos modelos de Mercedes como el GLC 200 o el modelo A, varios Nissan, Audi o BMW así como un par de Mini, en concreto su modelo Cooper D.
TAMBIÉN MOTOS O VARIOS MINI
No obstante, otros detenidos como Carlos Brambilla –el supuesto dirigente de una organización dedicada al narcotráfico– o Luis Aguilera también echaron mano de coches más humildes como el Kia Stonic, cuyo precio está fijado entre los 15.000 y los 20.000 euros, o motos como la Kawasaki Z900, que ronda los 9.800 euros.
El modus operandi de los integrantes de la red queda ilustrado en una de las intentonas que uno de los detenidos, Raul Pontvianne, realizó en agosto de 2020. Así, a bordo de un Nissan X-TRAIL, Pontvianne se desplazó hasta el Polígono Industrial Las Cubiertas de Griñón situado en Madrid para reunirse con un director de una entidad bancaria.
Los investigadores explican que Pontvianne simuló en ese encuentro «una actividad laboral inexistente engañando así al banquero para que les autorizase los productos bancarios solicitados». Tan solo un mes después, en septiembre, utilizó el mismo coche para desplazarse a una sucursal de Liberbank, donde consiguió una póliza de crédito a favor de una de sus sociedades.
Este tipo de encuentros podrían corresponderse con los citados en un informe del pasado 20 de enero que figura en el sumario de la causa que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional. En el mismo, los investigadores sostienen que a raíz de las interceptaciones telefónicas practicadas se pudo «determinar que existe un número de directores de entidades que cuanto menos están colaborando con la organización».
En ese documento, los agentes subrayan que la actividad de la trama «no habría sido posible sin la colaboración de los empleados de bancos que habían conseguido captar y que hacían lo imposible por que se aprobasen las operaciones presentadas, recibiendo a cambio, su compensación».
Ahora, en el oficio que detalla los vehículos utilizados por la organización, los agentes solicitan al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno su autorización para que la Policía Nacional y la Guardia Civil pueda utilizar algunos de los mismos. En total, 22 coches y de marcas como Audi, BMW o Yamaha.
