La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves una iniciativa de Vox para modificar la normativa del Tribunal Constitucional con el fin de poner plazos máximos a las sentencias del órgano de garantías.
El Pleno del Congreso ya había rechazado la propuesta el pasado febrero y ahora ha sido derrotada en la Comisión Constitucional con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV y Bildu, entre otros. El PP ha optado por abstenerse.
COMO MÁXIMO, TRES MESES PARA SENTENCIAR
Con esta proposición no de ley, Vox instaba al Gobierno a promover una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para establecer un plazo máximo de tres meses para que resuelva los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, y de dos semanas cuando se trate de recursos de inconstitucionalidad contra la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio y contra cualquiera de sus prórrogas.
La formación también planteaba en su texto la «limitación del ámbito de los recursos de amparo», de tal manera que el Constitucional «solo resolviese aquellos con verdadero interés constitucional y desechase los recursos cuyo objeto ya ha sido resuelto en procesos anteriores similares o sobre los que existiese una jurisprudencia constitucional consolidada».
El diputado de Vox José María Sánchez García ha sido el encargado de defender la propuesta. En su intervención, ha hecho referencia a la resolución del tribunal de garantías por la que se declaró inconstitucional el primer estado de alarma impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha destacado el hecho de que la sentencia se dio a conocer cuando la medida del Ejecutivo ya había recaído. «Esta situación es un escándalo», ha dicho.
En este sentido, ha subrayado que el alcance jurídico actual de las decisiones del tribunal es «escaso» y que un pronunciamiento a destiempo «pierde la totalidad de su sentido». «Esta experiencia no puede volver a producirse», ha añadido.
Así, ha defendido que esta situación se podría remediar «con relativa facilidad», en referencia a la iniciativa presentada por su partido. Y ha insistido en que su propuesta «no es imposible». «No estamos pidiendo una labor sobrehumana ni nada semejante», ha señalado.
Los argumentos esbozados por Sánchez García no han conseguido recabar el apoyo del resto de los partidos en la Comisión. El PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu y Ciudadanos se han mostrado en contra de la iniciativa.
PSOE, UNIDAS PODEMOS, BILDU Y CS EN CONTRA
El diputado del PSOE Diego Taibo Monelos ha asegurado que la propuesta no pretende mejorar la agilidad procesal del Tribunal Constitucional, sino que ve otra finalidad: «La de siempre, la fijación que tiene su partido político con los derechos de las mujeres –ha explicado–. Y así le dedica buena parte de su PNL y, miren que casualidad, que entre los recursos de inconstitucionalidad todavía pendientes de resolver está el de la ley del aborto de 2010».
Según Taibo Monelos, la formación quieren que se apruebe una reforma legal para «obligar» al tribunal que resuelva ese recurso y en el sentido que quiere Vox.
El diputado de Ciudadanos José María Espejo-Saavedra coincide. Ha asegurado que su formación está de acuerdo con que las dilaciones indebidas en asuntos de trascendencia política no contribuyen a la confianza en la justicia, pero ha avisado que no respaldaría la iniciativa de Vox sin la enmienda del PP.
«Creemos que en la exposición de motivos se ve una intención de decirle al Tribunal Constitucional lo que tiene que decir de determinados asuntos, cosa que no es en absoluto compartida por este grupo parlamentario», ha indicado.
Pilar Garrido Gutiérrez, diputada de Unidas Podemos, ha asegurado que su grupo parlamentario está en contra de la propuesta porque considera que es «un poco hipócrita». Ha aprovechado su intervención para reprochar al PP que mantenga el bloqueo sobre la renovación del tribunal de garantías. En este sentido, ha puntualizado que «lo fundamental es que todas las fuerzas políticas colaboren a cumplir la Constitución».
LA ABSTENCIÓN DEL PP
En el marco del debate, la diputada del PP María Jesús Moro ha defendido una enmienda al texto de Vox, aunque ha sido desestimada y finalmente los ‘populares’ se han abstenido.
Moro ha asegurado que aunque coincide en parte con el diagnóstico que realizan los de Abascal, «el problema no es que la norma no contemple plazos o que estos sean inasumibles». Según ha dicho, «los plazos existen, pero no se cumplen».
Así, ha admitido que se trata de un «verdadero problema de seguridad jurídica». Pero ha precisado que lo que hace falta, a su juicio, es un análisis más profundo de las causas por las que el Tribunal Constitucional no es capaz de resolver con mayor celeridad.
La formación planteó una enmienda para instar al Gobierno a presentar un proyecto de actualización de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, previo informe de expertos constitucionalistas, de la Comisión Constitucional del Congreso y de todos los órganos consultivos.
Según el PP, este estudio debía abordar el análisis de «medidas dirigidas a incrementar la eficacia del tribunal en el ejercicio de sus funciones en la resolución de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad» para evitar «parálisis injustificadas».
