FJI-Precarios exigen aumentar al 30% la reserva de plazas de estabilización en universidades para investigadores

La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios) ha presentado este nueves sus demandas relativas al anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), entre las que destaca el aumentado al 30% de la reserva de plazas de estabilización en universidades para el personal investigador.

Según han informado, esto debe ir acompañado de una modificación de los criterios de obtención del Certificado I3 para la estabilización del personal investigador en universidades, que «se abra a todo tipo de personal postdoc independientemente de su contrato» y no tenga en cuenta un límite de años para conseguirlo.

Respecto a la propuesta del Ministerio de una escala de profesorado titular y catedráticos de naturaleza laboral con contrato indefinido a nivel autonómico, proponen que no sea así y que no se elimine la figura de Profesor Contratado Doctor. También creen que el profesorado titular y los catedráticos «han de pertenecer al funcionariado estatal».

Además creen necesario articular los requisitos de los concursos de traslado y aumentar su número, y consideran «insuficiente» la prórroga de un año, propuesta por el Ministerio, para que aquellos acreditados a Profesor Ayudante Doctor para conseguir la acreditación siguiente. Piden un aumento de la prórroga hasta 3 años.

FJI-Precarios afirma que desde el Ministerio se propone eliminar la acreditación de Profesor Ayudante Doctor para acceder a las plazas correspondientes «sin ofrecer ningún otro tipo de filtro que asegure la valía de los candidatos para esas plazas, lo que supone una alfombra roja para aquellos que cometen o permiten malas prácticas en los procesos de selección».

Opinan que sería necesario mantener el actual requisito de acreditación para la figura de Ayudante Doctor, pese a sus «desacuerdos con muchos aspectos de esta acreditación», e instan al Ministerio de Universidades a «iniciar una mesa de discusión con todos los agentes implicados para encontrar un filtro que garantice un mínimo de calidad en el currículum de los candidatos y que satisfaga a toda la comunidad universitaria».

DURACIÓN DEL CONTRATO

Por otro lado, afirman que la propuesta de duración de 6 años del contrato del Profesorado Ayudante Doctor «solo sirve para aumentar un año más la temporalidad en la contratación». «Creemos que es necesario que se mantenga en 5 años, como ocurre actualmente», han añadido.

También apuestan por «una relajación de los criterios» para la obtención de las acreditaciones de Profesor Titular y Catedrático. «Tras el último endurecimiento de los criterios en 2017, la entonces oposición denunció tal endurecimiento y no entendemos que no se ha ya vuelto a una relajación de los criterios con el gobierno de coalición», han explicado.

Insisten en su rechazo a la eliminación de la figura de Profesor Contratado Doctor y, ante la propuesta del Ministerio de una prórroga de 3 años para que los acreditados como Profesor Contratado Doctor puedan presentarse a las nuevas plazas de Titular Autonómico, reclaman que sea de 5 años como mínimo. No obstante, FJI-Precarios indican que si se llegara a eliminar, el personal contratado como Profesorado Contratado Doctor «debería pasar automáticamente a ser Profesor Titular autonómico.

Por otro lado, reclaman la creación de una figura de investigador permanente con contrato indefinido para los institutos universitarios de investigación, «que sería competencia del Ministerio de Ciencia y que debería ser mejor que la actual propuesta de contrato Tenure Track, sobre la cual ya hemos mostrado nuestra disconformidad».

Sobre la homologación de títulos extranjeros, FJI-Precarios solicita que se prolongue «como máximo un período de 3 meses». «No se puede abogar por la atracción del talento extranjero y a la vez tardar una media de 2 años en homologar el título, como ocurre en la actualidad», avisan.

«Creemos absolutamente necesario que se lleve a cabo una auditoría o investigación de las plazas de Profesor Asociado en las universidades públicas para analizar cuáles han sido aprobadas de manera fraudulenta», manifiestan.

Finalmente, defienden la doble vía en la contratación de las plazas de profesorado universitario: una que sea por promoción interna y otra de libre acceso, como ocurre en instituciones como el CSIC.