sábado, 16 octubre 2021 13:26

Las autonomías dicen entre tribunales adiós al ‘business’ de matar lobos

Es fácil de explicar. ¿Por qué las comunidades con mayor presencia de lobo ibérico están todas en contra de la prohibición de matar esta especie? Porque se sacaban cientos de miles de euros anuales subastando la cabeza de estos animales. El director técnico de la Sierra de la Culebra (en Zamora) lo deja claro: lamenta que este año han perdido 100.000 euros porque no podrán matar a esos 12 lobos que subastaron en 2020. Hablamos de más de 8.000 euros por cabeza en este caso. Esto, multiplicado por la cantidad de lobos que se cazaban al año (que rondaba los 400 ejemplares sobre una población de entre 2.000 y 2.500 que hay en la Península Ibérica) pone fin a un negocio que daba a las comunidades autónomas como Castilla y León, Galicia o Cantabria alrededor de entre millón y medio y tres millones de euros al año. Quizás por eso se entiende que ahora estas mismas autonomías hayan acudido a los tribunales para intentar echar atrás la medida aprobada por el Ministerio de Transición Ecológica.

Lo normal, según cuentan los datos oficiales, es que la cabeza de lobo se subaste a 3.500 euros. Pero al tratarse de una subasta, si a alguien se le antoja que quiere en su salón la cabeza imponente de un lobo ibérico, el precio puede ser mucho más elevado. En el caso de lo ocurrido con los lobos de la Sierra de la Culebra, la propia Junta se ha visto obligada a devolver 30.000 euros a un cazador extranjero que había pagado por matar este tipo de animal después de que el Ministerio de Transición Ecológica llevara adelante en el Congreso la ley que prohibe la caza del lobo. Esto ha sido recibido por las comunidades autónomas con rabia y decepción sumado de una buena suma de denuncias para acabar en los tribunales. Se acabó el negocio y las reacciones ya se ven.

Por supuesto, las comunidades autónomas afectadas niegan que la razón por la que quieren que el lobo siga siendo una especie cinegética sea el business que hay en torno a la caza de esta especie ahora protegida. Ellos esgrimen el argumento manido de los ganaderos. Según el relato de estas autonomías, el lobo protagoniza al año varios ataques al ganado. Da igual que haya seguros que cubren esas pérdidas y que haya ayudas para prevenir dichos ataques. Los ganaderos se empeñan en usar la fuerza para proteger a sus animales y presionan para que la caza del lobo siga siendo legal.

hasta 8.000 euros por cortarle la cabeza a un lobo

Pese a esto, las comunidades autónomas no pueden negar que sacaban dinero (ellas, los gestores de cotos privados y los ayuntamientos) de la caza de este animal. De hecho, en estas subastas donde también se vende la muerte de ciervos, corzos y otras especies animales como jabalíes, el lobo es la joya de la corona. El que paga por cazar un lobo, paga mucho dinero. En ocasiones, hasta 8.000 euros por cortarle la cabeza a un lobo y mandársela a un taxidermista para que la deje como un tétrico elemento decorativo. Las subastas se hacen de forma anual y se determina cuántos ejemplares de cada especie se pueden sacar en base a informes de empresas privadas que determinan de forma algo dudosa la cantidad de animales que hay en la zona y el «exceso» de población que puede ser cazada para mantener el «equilibrio». No es la primera vez que los cazadores a través de sus asociaciones se venden como adalides del equilibrio natural.

Castilla y León, Cantabria, Galicia y Asturias se negaron a la prohibición de la caza del lobo. Estas mismas comunidades autónomas que se han lucrado durante décadas de la caza del lobo y de otras especies verán cómo sus ingresos merman considerablemente porque ya no podrán vender el pegar un par de tiros a un animal del que no se aprovecha absolutamente nada. Estas comunidades autónomas han anunciado que irán a los tribunales para intentar que se mantenga la legalidad para matar lobos y mantener el negocio de las subastas de caza. Por supuesto, cuentan con el apoyo de los ganaderos y, cómo no, de las asociaciones de caza. Esas con las que han tratado de forma muy estrecha a lo largo de los años.

Desde el Gobierno insisten en que es una decisión de justicia. Se trata de una especie de la que no hay más de alrededor de 2.500 ejemplares, según los datos oficiales, y que sobretodo no supone un animal lesivo para las comunidades autónomas por más que los ganaderos digan lo contrario por los ataques. La razón por la que estas comunidades se niegan a aceptar la decisión del Congreso es doble: primero, por los ganaderos; y segundo y más importante, porque se acaba el business de las subastas del animal más caro del país. No es por sostenibilidad, sino por dinero. Además, el Gobierno en boca del Ministerio de Transición Ecológica insiste vehementemente en que el lobo ibérico es una especie fundamental para mantener el equilibrio natural, dado que es un depredador que contiene que otras especies se reproduzcan en exceso.

Hay quejas en regiones habitadas por el lobo, como es el caso de Puebla de Sanabria, donde piden a la Junta de Castilla y León más recursos para conservación animal y unidades de protección de fauna por el aumento de la caza furtiva. No sería extraño, según estas voces, que la caza furtiva del lobo crezca después de la prohibición expresa aprobada por el Gobierno a través del Ministerio de Transición Ecológica. Los vecinos piden más Seprona y más unidades de agentes ambientales para evitar que la caza furtiva siga creciendo.