La directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, ha informado de que este martes se iniciará la fase de consulta pública para la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y que el Ministerio de Igualdad espera tener un texto definitivo en diciembre.
En declaraciones a los medios durante su visita al IES Calderón de la Barca en Madrid, Morillas ha explicado que este proceso de consulta tiene una duración de 15 días y el objetivo es recoger las opiniones y propuestas de la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones del sector y expertos.
Esta consulta se produce después de que el Ministerio pusiera en marcha en el mes de julio unas reuniones, lideradas por la propia Morillas, para recabar las propuestas de profesionales, entidades y movimiento feministas sobre la materia.
Morillas ha señalado que Igualdad puso «toda su maquinaria a funcionar» para esta reforma legislativa que considera «un asunto absolutamente urgente».
En este sentido, ha denunciado que en España hay mujeres que «no pueden abortar en los hospitales públicos más cercanos a su casa y deben, en algunos casos, incluso «salir de su provincia» para poder llevar a cabo una IVE. La directora ha criticado, al respecto, que ocho de cada diez abortos se realicen en la sanidad privada, que en 2019 no se produjera ninguna interrupción del embarazo en cinco CCAA y que en ocho provincias tampoco se haya registrado esta práctica en «los últimos 30 años».
UNA CONQUISTA HACE 11 AÑOS
A su juicio, la actual ley de salud sexual y reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo fue «una conquista feminista» y un «avance en la materia» que, 11 años después, necesita ser revisada para «identificar» los «obstáculos» que sufren las mujeres para «acceder de manera plena» a este «derecho».
En este sentido, ha señalado que en España existe «una mala práctica» en relación a la «objeción de conciencia» de los profesionales que «hace que el derecho humano al aborto se obstaculice» y no sea tratado como «una prestación más de la cartera del Sistema Nacional de Salud», sino que «es una práctica que genera estigma social».
Además de las garantías de acceso al IVE, Morillas también ha señalad como objetivo principal de la reforma lograr el «acceso universal a la anticoncepción»; garantizar la educación sexual «en todas las etapas educativas» y «de la vida»; o recoger la violencia obstétrica, entre otras.
