El Consejo de Ministros aprobarĂ¡ este martes un decreto que habilitarĂ¡ ayudas por valor de 5,5 millones de euros al Ejecutivo canario para la adquisiciĂ³n de 107 viviendas en la isla de La Palma, con el objetivo de que sean destinadas de forma temporal o permanente a las familias afectadas por la erupciĂ³n volcĂ¡nica.
A su vez, contempla otros 5 millones en ayudas para la adquisiciĂ³n de enseres de primera necesidad, tambiĂ©n destinados a aquellas personas que han sufrido pĂ©rdidas o daños en su vivienda habitual, con carĂ¡cter temporal o definitivo.
Estas medidas, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales que gestiona Unidas Podemos junto a los departamentos de Interior y Transportes que ostenta el PSOE, se dirigen a paliar los efectos provocados por la erupciĂ³n del volcĂ¡n Cumbre Vieja, que comenzĂ³ el pasado 19 de septiembre.
Y es que el decreto que validarĂ¡ este martes el Consejo de Ministros, desgrana que, ante «la magnitud de la emergencia» y la «grave perturbaciĂ³n» de las condiciones de vida en la zona, estĂ¡ justificada la aprobaciĂ³n de estas normas excepcionales que supla la pĂ©rdidas de bienes y hogares.
ENTRE 300 Y 400 EDIFICACIONES «ARRASADAS»
Sobre la situaciĂ³n de emergencia en La Palma, se especifica que ya se ha producido la evacuaciĂ³n preventiva de mĂ¡s de 5.000 personas de las poblaciones afectadas de la isla canaria.
TambiĂ©n relata que se han generado daños en infraestructuras, bienes privados y de titularidad pĂºblica, asĂ como daños en cultivos y explotaciones agropecuarias, polĂgonos industriales y otras instalaciones productivas.
Asimismo, el decreto añade que se han alterado redes del transporte de personas y mercancĂas, con el corte de carreteras y la prohibiciĂ³n temporal de la navegaciĂ³n marĂtima en la zona del oeste de la isla de La Palma, asĂ como suspensiĂ³n de actividades escolares en algunos de los municipios afectados.
Las cifras disponibles hasta el momento, detalla el Gobierno, elevan a entre 300 y 400 edificaciones «arrasadas por la lava» que «en ningĂºn caso podrĂ¡n ser reconstruidas en el lugar donde se ubicaban», sin perjuicio de otros daños en viviendas que sĂ puedan ser rehabilitadas o reconstruidas en su ubicaciĂ³n.
EL GOBIERNO DEBE COLABORAR CON CANARIAS
Y en esta situaciĂ³n explicita que el Gobierno canario ya estĂ¡ impulsado «diferentes soluciones», algunas de carĂ¡cter coyuntural y otras «con vocaciĂ³n de permanencia», entre las que cita la adquisiciĂ³n de viviendas, tanto inmuebles ya construidos como de promociones de obra nueva en curso o recientemente finalizadas.
«El Gobierno de España tiene la intenciĂ³n de colaborar en la compra de dichas viviendas y enseres de primera necesidad con destino a las mismas, cofinanciando su adquisiciĂ³n», especifica el decreto gubernamental.
Por ello, se destinarĂ¡n 5,5 millones para financiar la adquisiciĂ³n de 107 viviendas en La Palma. El decreto desgrana que «deberĂ¡n estar en condiciones de ser ocupadas con carĂ¡cter inmediato por las familias afectadas, o en un plazo compatible con la urgencia de la necesidad a cubrir», por la indisponibilidad de la vivienda habitual, ya sea en rĂ©gimen de arrendamiento, usufructo o propiedad.
En el caso de que esas viviendas dejasen de cumplir este objeto, tendrĂ¡n que permanecer bajo la titularidad del Gobierno canario y solo se podrĂ¡n destinar a alquiler social u otras formas de tenencia, «siempre que se justifique su fin social».
A ello se suman los otros cinco millones para la compra de enseres de primera necesidad con la finalidad de atender a las familias afectadas por las pĂ©rdidas ocasionadas por la erupciĂ³n. En este sentido, el decreto establece que la comunidad autĂ³noma presentarĂ¡ una relaciĂ³n de inmuebles afectados ante el Ministerio de Transportes.
Estas ayudas serĂ¡n incompatibles con las otras subvenciones reguladas por el Real Decreto que decreta zona catastrĂ³ficas por fenĂ³menos naturaleza.
OTRAS CONDICIONES PARA MANTENER EL FIN SOCIAL
TambiĂ©n puntualiza que el importe otorgado a los damnificados no podrĂ¡ superar en ningĂºn caso la diferencia entre la cuantĂa del daño producido y el importe de otras ayudas o indemnizaciones compatibles o complementarias que, por igual concepto, pudieran concederse por otros organismos pĂºblicos, nacionales o internacionales, o correspondieran en virtud de la existencia de pĂ³lizas de aseguramiento.
Por otro lado, el Ejecutivo autonĂ³mico solo podrĂ¡ devolver las viviendas al trĂ¡fico privado solo transcurrido un plazo de 30 años y previa justificaciĂ³n al Ministerio de Transportes de la «innecesariedad» de las mismas para este «fin social2.
Si eso ocurriera, Canarias deberĂ¡ reintegrar a la administraciĂ³n central la ayuda concedida, con la aplicaciĂ³n del interĂ©s legal del dinero incrementado en un 25 por ciento.