El Tribunal General de la Unión Europea dictaminará este miércoles si los acuerdos pesquero y agrícola entre la UE y Marruecos que incluyen el Sáhara Occidental son legales o, como defiende el Frente Polisario, deben anularse por ser contrarios al Derecho Internacional al incluir un territorio pendiente de descolonización.
La sentencia, que se conocerá a partir de las 11.00 horas y podrá ser recurrida por cualquiera de las partes en un plazo de dos meses y diez días, amenaza con abrir una nueva fricción entre Bruselas y Rabat si la Justicia europea tumba ambos acuerdos tras superar la crisis surgida en mayo por el paso de miles de migrantes a España en Ceuta.
El tribunal de Luxemburgo declaró en diciembre de 2016 que los acuerdos entre la UE y el Reino de Marruecos no pueden incluir el Sáhara Occidental por tratarse de un territorio no autónomo. Este hecho obligó a ambas partes a renovar sus pactos pesquero y agrícola para que pudiera incluir productos alimentarios y capturas pesqueras procedentes de la antigua colonia española.
El Frente Polisario ha pedido a la Justicia europea la anulación de todos estos acuerdos por estas modificaciones, pero la Comisión Europea y los gobiernos del bloque consideran que son válidos porque la población local ha sido consultada y, a juicio de las instituciones comunitarias, tendrán un impacto positivo sobre la economía.
LOS ARGUMENTOS DE LA UE
La evaluación europea con respecto al impacto del acuerdo agrícola sobre el Sáhara Occidental concluyó que las ventajas arancelarias para productos saharauis supondrán un «fuerte impulso» para el crecimiento económico y el desarrollo social. También que promoverá, según este análisis, unas «condiciones de inversión favorables» y «contribuirá a una expansión rápida y significativa que permitirá el desarrollo del empleo local.
En relación al de pesca, la UE destaca que será «muy beneficioso» para la población afectada por las «positivas repercusiones» desde el punto de vista del empleo y las inversiones, así como sobre el desarrollo del sector pesquero. El bloque también considera que el protocolo «representa la mejor garantía de explotación sostenible de los recursos naturales de las aguas adyacentes al Sáhara Occidental».
En ambos casos, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) realizó «amplias consultas» en las que «la mayoría de los actores socioeconómicos y políticos que participaron en ellas se mostró a favor» tanto del acuerdo pesquero como de ampliar las ventajas arancelarias a productos saharauis.
El Frente Polisario y «otras partes», sin embargo, se negaron a participar en ellas porque entiende que los acuerdos implican un reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y sus recursos, algo que niega la UE.
EL POLISARIO PIDE LA ANULACIÓN
Así, el Polisario pidió al TUE que evaluase la legalidad de los acuerdos y ha fundamentado su posición en una decena de motivos, el primero de los cuales señala que la UE y Marruecos carecen de competencias para negociar acuerdos internacionales que sean aplicables al Sáhara Occidental en nombre de la población afectada.
Por otro lado, denuncia que antes de celebrar los acuerdos no se ha evaluado el respeto de los derechos fundamentales y el Derecho internacional humanitario, así como que «niegan la existencia del pueblo saharaui como sujeto de Derecho sustituyéndolo por la expresión ‘poblaciones afectadas'».
También argumenta el Polisario que los acuerdos agrícola y pesquero «vulneran el derecho del pueblo saharaui de disponer libremente de sus recursos naturales» y organiza «sin su consentimiento» la exportación de sus productos a la UE y la explotación de sus recursos pesqueros por buques europeos.
IMPACTO ECONÓMICO
Más allá del impacto político, una sentencia que diese la razón al Frente Polisario también tendría consecuencias económicas para ambas partes, especialmente para España, que es el socio comunitario que más se beneficia del acuerdo que permite faenar en aguas del Sáhara a buques comunitarios.
En concreto, un 91% de las capturas recogidas en el pacto pesquero con Marruecos provienen de aguas saharauis. A cambio del acceso a estas aguas, la UE paga a Marruecos una media anual de 52 millones de euros cada uno de los cuatro años de vigencia del acuerdo, de los que 12 millones aproximadamente deben ser abonados por los armadores europeos.
En contrapartida, el país africano permite faenar en sus aguas y en las del Sáhara Occidental a 128 barcos europeos, entre ellos 92 españoles. En particular, 22 cerqueros españoles de pesca artesanal pelágica en el norte, 25 palangreros de fondo también en el norte, diez embarcaciones de pesca artesanal en el sur, doce busques de pesca demersal y 23 cañeros para capturas de atún.
