La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene previsto reunirse este viernes para deliberar y votar sobre el recurso de apelación presentado por los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles para quedar fuera del llamado caso ‘Dina’, donde se investiga el recorrido que tuvo la tarjeta del teléfono móvil de la ex asesora de Pablo Iglesias desde que se lo robaron hasta que su contenido apareció publicado.
Según una diligencia de ordenación del pasado lunes, la deliberación y votación de dicho recurso está señalada para el 1 de octubre, siendo el magistrado Carlos Fraile el ponente de la misma.
En un principio, el turno establecido llevó a designar al ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo como ponente, de acuerdo con otra diligencia fechada el 24 de septiembre.
Sin embargo, Campo, que estuvo al frente de Justicia hasta la remodelación de Gobierno consumada el pasado mes de julio y se ha reincorporado recientemente a su plaza de magistrado en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, debe abstenerse en las causas políticas por mandato legal.
Esta pieza separada número 10 de la macrocausa ‘Tándem’ puede incluirse entre esas causas políticas, dado que el juez Manuel García-Castellón cree que «la única explicación posible» para los daños sufridos por la micro tarjeta es que se produjeran cuando estaba en poder del ex vicepresidente del Gobierno.
De hecho, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo (TS) para que investigara al antiguo líder de Podemos por descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito. Pero el TS lo rechazó para pedir al magistrado que siguiera indagando.
«CONTRADICCIONES» EN LAS CONCLUSIONES DEL JUEZ
Además, los periodistas alegan en su recurso de apelación que el instructor entra en contradicciones en el auto de procesamiento dado que refleja que ellos no recibieron la tarjeta física sino una copia parcial de la misma, mientras que en la exposición razonada habla de que Asensio –presidente del grupo Zeta– le dio la SD a Iglesias.
«De ello se infiere que en la instrucción no se ha podido averiguar qué es lo que llegó a manos del señor Pozas, qué es lo que éste entregó al señor Asensio, qué es lo que el señor Asensio entregó al señor Iglesias, y si algo de todo ello es o no lo que se encontró en el domicilio del señor Villarejo», esgrimen.
Además, insisten en que «la única razón de que todo ello no haya podido ser averiguado es precisamente la actuación del propio señor Iglesias dañando la tarjeta que recibió de manos del señor Asensio».
A su juicio, «esta contradicción flagrante (…) debe indefectiblemente conllevar el sobreseimiento de las actuaciones, pues dicha contradicción sobre el objeto mismo del delito impide a esta defensa saber de qué se pretende acusar».
Asimismo, recuerdan que su imputación en «un procedimiento tan mediático y político» les está ocasionando «muy graves perjuicios, especialmente a nivel laboral y especialmente al señor Pozas, quien tuvo que dimitir de su cargo de director general de Información Nacional de La Moncloa».
UNA RESPUESTA TARDÍA
Por otro lado, se quejan de que, habiendo presentado el recurso en septiembre de 2020, el juez no contestó hasta mayo de 2021. El propio García-Castellón, en un auto donde rechaza el recurso de reforma y da trámite al subsidiario de apelación, explica que dio traslado a las partes para que se pronunciaran sobre la petición de archivo de Pozas y Rendueles y que a esa fecha, 5 de mayo, el Ministerio Fiscal aún no había respondido.
En una resolución anterior, de octubre de 2020, el juez daba cuenta de los informes que tenía pendientes la Fiscalía Anticorrupción en la pieza de ‘Dina’, enunciando hasta cinco cuestiones sobre las que debía pronunciarse y no lo había hecho, incluido el recurso de Pozas y Rendueles.
En estos momentos, el devenir de esta pieza 10 depende de lo que decida la Sala de lo Penal sobre dichos recursos y de un informe que García-Castellón solicitó a la Policía para que determinara si es técnicamente posible acceder a la tarjeta de Bousselham.
De momento, ese informe policial no ha llegado, debido a los problemas surgidos para que la compañía telefónica, en este caso Samsung, aportara una serie de claves, pero una vez esté sobre la mesa de García-Castellón podría determinar el futuro de las pesquisas.
Según las fuentes consultadas, el instructor podría optar por archivar, si finalmente es imposible recuperar el contenido de la tarjeta, o por seguir investigando, aunque en este supuesto el asunto podría acabar en los juzgados de instrucción de Madrid, dado que Iglesias ya no es aforado ante el Supremo y los delitos apuntados no tendrían la entidad suficiente para que las diligencias continuaran en la Audiencia Nacional.
