ERC y Junts han registrado este miércoles una propuesta de resolución en el Debate de Política General en el Parlament que pide que la Cámara catalana fije la autodeterminación como «única vía democrática para la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español».
La iniciativa, los socios del Govern quieren que la Cámara catalana constate que «solo un referéndum de autodeterminación acordado con el Estado español puede sustituir el mandato político del referéndum del 1-O de trabajar para hacer real la república catalana».
Esta resolución reafirma la apuesta por el diálogo «así como la necesidad de una confrontación cívica y pacífica para forzar al Estado a asumir la realidad hasta ahora negada».
También plantea que el Parlament cree una comisión para hacer seguimiento, rendir cuentas y comparecencias de expertos sobre el proceso de negociación entre ambos gobiernos.
En otra propuesta conjunta, ERC y Junts piden que la Cámara catalana se comprometa y emplace a los grupos parlamentarios a tramitar una proposición de ley de amnistía para presentarla al Congreso de los Diputados.
Los socios del Govern plantean que el Parlament declare que el derecho a la autodeterminación «es la vía democrática para la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español».
Además, insta al Govern a articular en el próximo mes el Acord Nacional per a l’Autodeterminació i l’Amnistia «como espacio amplio y plural de reflexión con la sociedad catalana para articular los consensos de país».
«NUEVO EMBATE DEMOCRÁTICO»
Esta misma propuesta insta al Govern a «asumir las respuestas urgentes ante las amenazas a los derechos y libertades, y en particular a las actuaciones represivas del Estado y poner las bases para una ligitación estratégica en el marco de la causa general contra el independentismo».
Asimismo, quiere que la Cámara catalana vote sobre si el Govern debe «seguir trabajando con fortaleza para poder plantear un nuevo embate democrático que permita alcanzar la república catalana y la independencia».
APOYO A PUIGDEMONT
En otra propuesta conjunta, los socios del Govern plantean al Parlament dar un «apoyo explícito» al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y criticar que está «perseguido por operaciones del Estado en las que han participado varias instancias judiciales y policiales».
Además, pone en valor la tarea de Puigdemont al frente del Consell per la República, defiende que ni los jueces alemanes, belgas ni italianos han admitido la extradición del expresidente, pese a que la justicia española «ha intentado forzar una detención y posterior encarcelamiento».
Así, piden que el Parlament exija que «cesen las injerencias del Gobierno del Estado ante las instancias jurisdicionales y el Tribunal Constitucional, que pretenden impedir la materialización de la voluntad democrática de los representantes del pueblo de Cataluña».
CRÍTICA A LA JUSTICIA ESPAÑOLA
ERC y Junts han presentado otra propuesta, que carga contra la «falta de imparcialidad de los diferentes poderes del Estado, y muy singularmente el Ejecutivo, pero también los órganos de gobierno del Poder Judicial», también acusa de falta de neutralidad a las fuerzas policiales españolas y de utilizar el sistema judicial para perseguir a los líderes independentistas.
Reclaman al Parlament crear una comisión de seguimiento del informe de la Asamblea de Representantes del Consejo de Europa que reclama la liberación de los presos del 1-O y retirar las euroórdenes e instar al Estado a «poner fin a la represión del independentismo catalán».
COMISARÍA DE VIA LAIETANA
Otra de las resoluciones conjuntas, reclama al Gobierno el traspaso de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Via Laietana para convertirla en la sede del Memoria Democràtic y como centro de interpretación de la memoria y contra «la impunidad y la tortura durante el franquismo y la Transición».
En otra propuesta piden condenar «la situación de represión política» y el boicot que consideran que el cuerpo diplomático y las autoridades españolas ejercen sobre la acción exterior de la Generalitat, y defienden constatar la necesidad de crear una comisión de seguimiento del informe del Consejo de Europa, como propuso el Síndic de Greuges, Rafael Ribó.
También apuestan por fortalecer la red de delegaciones del Govern en el exterior, y han acordado medidas referentes al ámbito educativo, al de salud, de vivienda y de derechos sociales, entre las que figuran poner en marcha el plan piloto de una Renta Básica Universal —como se acordó con la CUP– y exigir al Gobierno central el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Defienden revisar los protocolos internos y las líneas de actuación de la policía ante requerimientos judiciales en caso de desahucios, y promover un frente común para defender el catalán en la legislación estatal referente al sector audioviusal.
