Junts ha presentado una propuesta de resolución en el Parlament que insta al Govern a exigir al Estado que mantenga la inversión de 1.700 millones de euros para ampliar el Aeropuerto de Barcelona – El Prat y convertirlo así en un ‘hub internacional’, y también el acuerdo de inversión de las estaciones de alta velocidad ferroviaria en los aeropuertos de Girona y Reus.
Es una de las dos propuestas de resolución que Junts ha registrado en solitario en el Debate de Política General en el Parlament, y que pide que el Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora) derive en un plan director que defina la ampliación del Aeropuerto de Barcelona.
«Dado el actual contexto de emergencia climática, es necesario que el proyecto preserve la laguna de la Ricarda, minimizando las afectaciones ambientales en la Xarxa Natura 2020, de tal manera que pueda contar con el aval ambiental de la UE», añade el texto
También reclaman asumir una gestión integral del Aeropuerto de Barcelona hecha «desde la proximidad, competitiva, moderna, digital y sostenible, adaptada a las demandas actuales y futuras y a las presencias territoriales».
La segunda propuesta de resolución de Junts pide que el Govern inste a los ministerios de Política Territorial, Función Pública, Transición Ecológica y Reto Demográfico a «parar y desestimar» el proyecto y el trazado de las cinco líneas MAT que afectan al territorio catalán.
Además, reclaman al Estado que devuelva a la Generalitat las competencias retiradas por la aplicación del 155 en relación al poder decisorio sobre los trazados de las redes de transporte de energía de Catalunya, así como impulsar la autogeneración de energías renovables a todos los niveles «como medida para luchar contra la volatibilidad de precios del mercado eléctrico mayorista».
PRECIO DE LA ELECTRICIDAD
En otro punto de esta propuesta piden que el Ejecutivo central audite y publique los costes de la distribución eléctrica para aplicarles una remuneración que sea «transparente, justa y proporcionada y que permita, si es el caso, abaratar este concepto en el precio de la factura de la luz».
Y también reclaman al Estado que, en un decreto ley, obligue a que todas las comercializadoras de último recurso contraten un mínimo de un 50% de la energía que comercializan a precio cerrado, y el otro 50% al mercado diario, lo que permitiría reducir «la afectación» sobre la ciudadanía y sobre la competitividad de las pymes.
En el último punto de esta propuesta de resolución llaman a reprobar la «inacción» del Gobierno ante el incremento del precio de la electricidad.
