El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves un decreto ley en el que incluye un conjunto de diversas rebajas fiscales para los damnificados por la erupción volcánica en La Palma hasta 2026 y aplazamientos tributarios.
El vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, acompañado por el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, ha detallado en rueda de prensa que habrá ‘IGIC cero’ para adquisición de viviendas, vehículos, fincas y enseres, y tipo cero también en el impuesto de patrimonio y actos jurídicos documentados para transacciones de vivienda, terrenos y donaciones, lo mismo que con el impuesto de sucesiones y donaciones.
En cuanto a los solares, la norma recoge que el adquirente y el promotor de la vivienda deben ser la misma persona física y ésta ser propietaria, usufructuaria o nuda propietaria, de una vivienda destruida por la lava cuya existencia y titularidad debe acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho.
Además, las obras de construcción deben comenzar en el plazo de un año desde la compra, sin sufrir interrupción por causa imputable al sujeto pasivo hasta su terminación, la cual debe tener lugar en cualquier caso dentro del plazo de dos años desde el inicio de las obras.
El tipo 0 del IGIC se aplicará también a los servicios de arrendamientos de apartamentos o viviendas amuebladas en La Palma que se destinen al uso como residencia de las personas desalojadas y a los servicios hoteleros cuando los usuarios hayan sido desalojados como consecuencia del volcán.
El decreto ley extiende la eliminación del IGIC a la compra de vehículos, que sustituyan a los destruidos por la lava, y la entrega de bienes utilizados en las actividades ganaderas y agrícolas de explotaciones palmeras.
Además, los bienes donados hasta el 31 de diciembre de 2022 para las personas afectadas por la erupción o para empresarios y profesionales cuyos establecimientos han quedado destruidos también tendrán tipo cero.
En cuanto a los aplazamientos tributarios, el decreto ley recoge la ampliación de plazo de presentación de la autoliquidación del tercer trimestre de este año del IGIC y de AIEM hasta el 31 de enero de 2022 y se podrán beneficiar aquellos sujetos pasivos con domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en La Palma.
Asimismo, los que tengan obligación de presentar autoliquidaciones mensuales podrán presentar la correspondiente a septiembre hasta el 31 de diciembre de 2021 y la de octubre, hasta el 31 de enero de 2022.
La norma también permitirá el aplazamiento de deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo, con las excepciones y condiciones que fija el propio decreto y con independencia de este decreto ley, la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos también prevé incluir en el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año 2022 bonificaciones en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los afectados.
UNA «RESPUESTA EXCEPCIONAL»
Rodríguez ha comentado que la erupción volcánica exige una «respuesta excepcional» por parte de las instituciones pues hay un «alto impacto en la vida de la gente», sin daños personales pero con importantes daños materiales, y aunque el volcán sigue activo y hay «que seguir esperando» para conocer el balance real de daños, ha destacado que el Gobierno «responde de forma inmediata» con alojamientos y adquisición de viviendas.
Desde el punto de vista administrativo, Olivera ha señalado que el decreto contempla la creación de una comisión interdepartamental de coordinación, dirigida por él mismo y con representantes de cada una de las consejerías.
Integrada por viceconsejeros o directores del Gobierno, sus funciones serán, entre otras, garantizar la coordinación entre departamentos del propio Ejecutivo y con otras administraciones, el impulso de actuaciones para la reparación de daños, la supervisión de la ejecución de esas medidas, y el análisis e informe del Plan Director de Reconstrucción y Reactivación de la Isla.
Al mismo tiempo, ha dicho que se crea una oficina de asistencia a los afectados por el volcán, ubicada en Los Llanos de Aridane y dependiente de la Viceconsejería de Presidencia, cuyo cometido será informar, asistir y apoyar la tramitación de los procedimientos de las personas afectadas, que el decreto ley declara de urgencia y gestión con carácter preferente sin necesidad de autorización previa del Consejo de Gobierno.
«La idea es que todos estemos bien coordinados y la oficina es la conexión con el territorio, es un sistema de gobernanza complejo, pero este es un problema complejo», ha señalado.
Además, ha dicho que el decreto ley también incluye medidas administrativas para facilitar la contratación de obras y suministros de emergencia y tratar de agilizar ayudas y subvenciones. «Queremos que los recursos lleguen rápidamente», ha indicado.
