El PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y formaciones minoritarias como Compromís, Junts y el PDeCAT han reprochado este jueves al PP y Vox que pretendan frustrar la reforma constitucional impulsada por el Gobierno de coalición para acabar con el término ‘disminuido’ que recoge el artículo 49 de la Carta Magna. Les acusan de ser «rehenes» de su política de «tierra quemada» y les piden que «rectifiquen».
El Pleno de la Cámara ha debatido las enmiendas a la totalidad que ambos partidos han presentado contra la reforma de la Constitución por considerar que se aleja del necesario consenso que ésta exige, carece del rigor jurídico necesario y podría abrir una crisis institucional si los aliados del Gobierno aprovechan para exigir otras reivindicaciones.
Esta reforma constitucional fue impulsada por la Vicepresidencia de Carmen Calvo sobre la base de un texto de cuatro puntos que ya se había consensuado en la Cámara baja en 2018, pero que no se llegó a aprobar al disolverse las Cortes con la convocatoria de elecciones para 2019.
Por tanto, según ha recalcado el actual ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, esta modificación «no es fruto de la voluntad del Gobierno, sino del cumplimiento de un deber que tenemos como sociedad y que nace del diálogo con la sociedad civil». «El consenso tiene que ser indiscutible cuando hablamos de reformas encaminadas a eliminar discriminaciones», ha dicho Bolaños, quien ha confesado que no entendería que esta reforma no saliera adelante con una «amplísima» mayoría.
ES NECESARIO «REMOVER OBSTÁCULOS»
Y es que, según ha defendido, lo único que busca esta propuesta es «remover obstáculos» para «consagrar el derecho a la dignidad y libre desarrollo» de las personas con discapacidad y la «obligación» de los derechos públicos de promover a este colectivo de manera integral.
En concreto, el texto, además del cambio del término disminuido, propone destacar «los derechos y deberes previstos» en la Carta Magna «en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva» para este colectivo, sin que «pueda producirse discriminación»; y encomienda a los poderes públicos la puesta en marcha de «políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad».
El PP, por boca de Isabel Borrego, ha reclamado la devolución de esta reforma constitucional con la que, a su juicio, el Gobierno de trata de sacar «rédito político» porque la ha planteado «sin consenso y sin rigor jurídico técnico».
Borrego ha querido dejar claro que el PP ve necesario cambiar la denominación de disminuido, pero sostiene que «no es bueno» emprender ese camino «de forma unilateral» y que el Ejecutivo haya aprovechado este texto para elevar a rango constitucional contenidos que «no son propios» de la Carta Magna haciendo caso omiso a las recomendaciones del Consejo de Estado.
En la misma línea, la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha cuestionado que el Gobierno que ha llevado adelante «los ataques más obscenos» a la Constitución defienda ahora una reforma de la misma, al tiempo que ha puntualizado que si ésta sigue adelante no se estaría reconociendo «ningún derecho adicional» a las personas con discapacidad que, según ha lamentado, continuará «en la misma situación de desamparo».
Junto al PP y Vox, el diputado de UPN Carlos García Adanero ha defendido que «no es normal» que el Gobierno defienda que con esta reforma de la Constitución se solucionan todos los problemas de este colectivo y le ha afeado la falta de consenso a la hora de presentar un texto que, ha indicado, es diferente al que la Cámara acordó en 2018.
ERC, PNV Y BILDU SE BORRAN DEL DEBATE
A partir de ahí, el resto de grupos que han intervenido –todos menos ERC, el PNV y Bildu, que han renunciado a participar en el debate– han cargado contra los promotores de las enmiendas a la totalidad a las que el PSOE, a través de su diputado Joan Ruiz, ha mostrado su «total y absoluto» rechazo.
Ruiz cree que el PP pide la devolución del texto del Gobierno no porque sea mejor o peor sino «porque cuando gobiernan otros son incapaces de arrimar el hombro». «Son rehenes de su política de tierra quemada, del bloqueo y del no a todo», les ha soltado el socialista catalán, antes de rechazar que esta reforma pretenda «abrir el melón» de la Constitución.
Ismael Cortés, de Unidas Podemos, ha dado la bienvenida a esta reforma, pese a reconocer que llega «tarde», y se ha preguntado cuáles son «las verdaderas razones» para que haya partidos «empeñados» en llamar disminuidos a las personas con discapacidad. «¿Para ustedes todo es válido con tal de hacer oposición al Gobierno?», ha preguntado a las bancadas del PP y Vox.
La diputada de Ciudadanos Sara Giménez ha justificado su apoyo a la reforma impulsada por el Ejecutivo porque no se puede usar un lenguaje «ofensivo» para referirse a las personas con discapacidad y por eso ha criticado los «obstáculos» que tanto Vox como el PP han puesto con sus enmiendas a la totalidad y les ha pedido que «rectifiquen» y trabajen para mejorar «juntos» ese texto, tal y como ha recomendando el Consejo de Estado.
Desde Compromís, Joan Baldoví ha pedido al PP y Vox que «crezcan» y superen «la edad del no a todo»; en el PDeCAT, Genís Boadella ha dicho que «no es de recibo» que pongan «otra piedra en el camino» en el reconocimiento a las personas con discapacidad; y Josep Pagès, de Junts, ve «aberrante» que vean «ideológica e «innecesaria» la «puesta al día» de la Carta Magna para dar «dignidad» a este colectivo. «Tienen pavor a abrir la reforma de la Constitución», ha dicho.
LA REFORMA TIENE POCO FUTURO
Así las cosas, toda apunta a que el PSOE y Unidas Podemos no tendrán problemas en superar la votación y rechazar las enmiendas de totalidad, pero la oposición del PP y Vox ya deja en el aire la tramitación y aprobación final de la reforma.
Y es que PP y Vox suman 140 diputados, a los que se pueden añadir los tres aliados ‘populares’ de Navarra y Asturias, UPN y Foro Asturias, por lo que el Gobierno ya tendría imposible llegar a ese mínimo de 210 diputados que se requiere para aprobar una reforma constitucional. Más aún cuando sus socios parlamentarios del PNV, ERC y Bildu han declinado salir este jueves en defensa de la iniciativa.
