La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente –que en España impulsan Cáritas, la Conferencia Española de Religiosos, Hermandad Obrera de Acción Católica, Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica y Juventud Obrera Cristiana– ha reclamado una «nueva normalidad» en la que se «erradique la precariedad laboral previa a la pandemia».
Así lo piden en un manifiesto con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que se conmemora el 7 de octubre, promovida por la Confederación Sindical Internacional y apoyada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Bajo el lema ‘Ahora más que nunca trabajo Decente’, las entidades de Iglesia que impulsan esta iniciativa reivindican el trabajo «como derecho y medio para desarrollarse, crecer y realizarse como personas», una reclamación que consideran especialmente necesaria en el escenario marcado por la pandemia, que «ha añadido precariedad» en el mundo del trabajo.
«La nueva normalidad no puede ser la precariedad que venimos sufriendo desde antes de la pandemia», subrayan en el manifiesto, al tiempo que precisan que esta precariedad obedece a «un modelo económico basado en el beneficio, que no duda en explotar y descartar a la persona».
Las organizaciones de Iglesia ponen el foco en el aumento de la precariedad que la Covid-19 está suponiendo para «el personal de limpieza y sanitario sin Equipos de Protección Individual», «las trabajadoras de hogar», «las personas teletrabajando sin disponer de medios tecnológicos» o aquellas «que, a pesar de estar en ERTE, se han visto obligadas a teletrabajar desde casa».
Ante estas situaciones, reivindican que el Estado ponga los medios necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa sobre las condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, con especial hincapié en las «condiciones infrahumanas» en las que «siguen viviendo muchas personas trabajadoras temporeras en asentamientos de zonas hortofrutícolas».
Entre otras medidas, también piden asegurar un empleo de calidad en los sectores privado y público, disminuyendo la contratación temporal y parcial; medidas de orientación y formación; la subida del Salario Mínimo, «para que se ajuste a las necesidades vitales de la sociedad actual», y la modificación del Reglamento de Extranjería para evitar la caída en situación de irregularidad sobrevenida de las personas migrantes.
