El PNV ha insistido en que el «importante» traspaso de la gestión de las prisiones vascas a Euskadi supone «una oportunidad» para cambiar el modelo y ha confiado en que puedan empezar a verse «los frutos» a partir del próximo año, mientras que EH Bildu ha esperado que la transferencia sea una oportunidad para «poner fin a las políticas de excepción y avanzar hacia una política de aplicación de la legislación ordinaria».
En un debate entre parlamentarios en Radio Euskadi, el parlamentario del PNV y presidente de la formación en Álava, José Antonio Suso, ha destacado que la transferencia de prisiones, que este pasado viernes se hizo efectiva, es «importante», ya que «marca un hito» dentro del Estatuto y supone «una oportunidad» de cambiar el modelo en clave de «humanizar» el sistema penitenciario.
Tras recordar que las bases de ese nuevo modelo están «puestas», ya que fueron definidas en el Parlamento vasco en 2019 y se trata de trasladar «modelos restaurativos», ha reconocido que no se podrá llevar a cabo «de hoy para mañana» y el trabajo puede ser «duro», si bien ha destacado que se va a empezar a dotar de partidas presupuestarias para los objetivos marcados.
Por ello, el representante jeltzale ha esperado que a partir del próximo año se puedan empezar a «ver los frutos» de esa nueva política penitenciaria.
Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha abogado por convertir la transferencia en «una oportunidad» para otro modelo, que «deje atrás las prácticas que hemos conocido hasta ahora» y con el que se «ofrezca un trato digno, se respeten los derechos de los presos y se les dé una oportunidad de inclusión». Por ello, ha señalado que, al contrario de lo manifestado por la consejera Beatriz Artolazabal, las personas presas «sí noten la diferencia en el día a día».
RELATO POLÍTICO
Kortajarena ha apuntado, además, que le preocupa que se han realizado «últimamente declaraciones bastante poco responsables ligadas a un relato político concreto sobre el pasado, en las que se llegan a imponer condiciones que no están recogidas en la legislación penitenciaria» a los reclusos. Por ello, ha realizado un llamamiento a «la responsabilidad» para «no embarrar» el debate «por intereses políticos».
A su parecer, la transferencia debe ser una oportunidad para «poner fin a las políticas de excepción y avanzar hacia una política de aplicación de la legislación ordinaria».
En representación del PSE-EE, su parlamentaria Gloria Sánchez ha resaltado que la transferencia de prisiones supone «un paso más muy importante» en el proceso de cumplimiento íntegro del Estatuto, ha valorado que se parte de «muy buenas condiciones» que van a tener una continuidad, aunque considera que «siempre hay un margen para esa mejora de gestión» y se ha mostrado convencida de que en ello «estará implicado» el Gobierno Vasco.
En este punto, ha destacado que el sistema penitenciario español está reconocido como «uno de los mejores en sus instalaciones, programas de tratamiento o el modelo de ejecución de penas y medidas alternativas».
«Hay que centrarse fundamentalmente en la recuperación de los internos, porque es muy importante facilitar también estas segundas oportunidades a las personas que se encuentran dentro de los centros penitenciarios cumpliendo condenas y que puedan insertarse e incorporarse al mercado de trabajo y a la sociedad, una vez que cumplan sus condenas», ha dicho.
Desde Elkarrekin Podemos-IU Isa González ha celebrado la transferencia, después de esperar «un montón de tiempo» para que se materializase. En todo caso, ha advertido de que no se trata de «tener cada vez más transferencias», sino de lo que se hace con ellas.
De este modo, ha incidido en que no es sólo «una cuestión simbólica» y, por ello, hay que «seguir hablando del modelo que queremos entre todas» para que el sistema tenga «el acento en la reinserción social» y una gestión «conforme a los derechos humanos, inteligente, democrática y que se hable mucho los centros de inserción social, de justicia restaurativa».
Asimismo, ha insistido en la importancia de que se «ponga el acento» en la situación que viven las mujeres presas, que «necesitan un acompañamiento mucho más específico».
«PONER CARTELES»
Por su parte, el parlamentario del PP Carmelo Barrio ha alertado de que «algo falla» cuando prácticamente la mitad de los funcionarios de prisiones que tienen que ser transferidos han pedido el traslado a centros de fuera de Euskadi, por lo que ha criticado que el Gobierno Vasco se dedique a «poner los carteles», sin antes cerrar las condiciones de trabajo de estos funcionarios.
Asimismo, ha denunciado que se hable de un sistema penitenciario «como si fuese inhumano, cuando es un sistema perfectamente democrático y perfectamente controlado», al tiempo que criticado que se traslade la idea de que con la gestión en manos del Gobierno Vasco se va a pasar a un modelo de reeducación, resocialización o reinserción, cuando «es el modelo penitenciario español normal».
Tras alabar a los «grandes profesionales» del sistema penitenciario, ha recordado que los funcionarios ya han colaborado con el tercer sector y con asociaciones. «No hay nada que no existía ya», ha apuntado, para recordar su voto contrario a la ley de creación de Aukerak, porque no se dio oportunidad a la oposición de hacer aportaciones a dicho texto y porque crea una «macroagencia con 39 empleados, cuando ese trabajo lo hacían once funcionarios».
