La Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa) ha señalado que la Ley de Vivienda anunciada este martes por el Gobierno resultará «ineficaz» y «contraproducente», ya que, en su opinión, no aumentará la oferta de pisos y encarecerá los precios del alquiler.
Asipa esperaba que esta normativa se convirtiera en una oportunidad para «alcanzar un gran pacto sectorial sobre la vivienda» y se han encontrado con «un paquete de medidas populistas e inconstitucionales». Además, han recordado que propuestas como estas ya se han adoptado en otros países con consecuencias «contraproducentes».
También ha criticado la introducción del concepto «gran propietario», que en la futura ley se aplicará al tenedor de diez o más viviendas, por considerarlo «discriminatorio e injusto». «Desvía la responsabilidad de las administraciones en su inacción de planificar y atender las necesidades de vivienda de las familias más necesitadas», ha expresado la Asociación en un comunicado.
Asipa ha advertido de que las medidas de la próxima Ley de Vivienda «no atacan el problema de raíz» y, por tanto, persistirá la escasez de oferta de vivienda en alquiler.
«Es un acto de irresponsabilidad que una infraestructura esencial para la seguridad y bienestar de los ciudadanos como es la vivienda se utilice como moneda de cambio por intereses políticos», ha agregado el comunicado de Asipa.
La Ley de Vivienda era el último escollo entre el PSOE y Unidas Podemos, socios del Gobierno de coalición, para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. Estos se aprobarán en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para este jueves, mientras que la Ley de Vivienda se tratará en las próximas semanas, todavía sin fecha, como ha avanzado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.
A falta de conocer el texto de la ley, ya ha trascendido que la normativa contempla un recargo del 150% del IBI para pisos vacíos, la reserva de un 30% de las nuevas promociones para destinarlo a vivienda de protección oficial o deducciones de hasta el 90% para propietarios si bajan el precio del alquiler.
