El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros una subvención directa de 500.000 euros al Ejecutivo canario para la financiación de medidas de prevención y atención a víctimas de violencia de género, de otras formas de violencia contra las mujeres y de víctimas de delitos de odio, que se hayan visto afectadas por la catástrofe del volcán de La Palma.
Esta medida se enmarca en el decreto ley de medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma.
Entre las actividades subvencionables con esta partida, el texto, recoge el arrendamiento de inmuebles destinados a garantizar a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres el derecho a un alojamiento seguro, de emergencia o acogida.
En este sentido, el Ejecutivo incluye, de modo prioritario, a las víctimas de violencia de género en la pareja o expareja y las víctimas de trata y explotación sexual.
ASISTENCIA PSICOLÓGICA, JURÍDICA Y SOCIAL
Esta partida se podrá usar, también para la contratación de personal especializado en servicios de prevención y asistencia social integral (psicológica, jurídica y social), tanto para las mujeres víctimas de delitos machistas como para los casos de LGTBIfobia y por motivos de discriminación racial.
Del mismo modo, parte de esos 500.000 euros se podrán destinar a la formación y elaboración de herramientas para capacitar a profesionales que intervienen con la población afectada para la detección, primera atención y derivación adecuada de las víctimas de violencia contra las mujeres y para la puesta en marcha de campañas informativas, para las víctimas de violencia machista y de delitos de odio, sobre sus derechos y los recursos a su disposición.
Desde el Ministerio de Igualdad han recordado que las violencias machistas y por motivos de LGTBIfobia, raciales o étnicos, constituye «una amenaza a los derechos humanos» y que la situación de emergencia vivida en La Palma por la erupción del volcán ha afectado al adecuado funcionamiento de los servicios destinados a la detección, asistencia y protección de estas víctimas.
Según ha explicado, este decreto presenta medidas orientadas a eliminar los posibles obstáculos «que puedan dificultar o imposibilitar la detección de la violencia y el acceso de las víctimas a los medios habituales de asistencia integral, comunicación y denuncia de situaciones de violencia» y se «refuerza la intervención y el acompañamiento especializado multidisciplinar, adaptado a las necesidades de las víctimas».
