La secretaria general de la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM), Mar González Priego, y el director de Compras y Logística, Francisco Javier Botija, comparecerán este jueves como testigos en la Audiencia Nacional en el marco de las investigaciones sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, ha citado a ambos testigos a partir de las 10.00 horas del 7 de octubre para ahondar en esta pieza separada 9 de la macrocausa ‘Púnica’.
El día 13 será el turno de Tomás Contreras del Pino y José Antonio Macho, ambos vinculados a ICM, y de Óscar Lorenzo Canales, ex director y responsable de administraciones públicas de Indra, todos ellos imputados.
Ya en noviembre, los días 2 y 3, tomará declaración como investigados a Francisco Javier Salorio del Moral, también vinculado a Indra; y a Jaime Cantos, Juan Carlos Jañez y Marta Amezarri, consejeros delegados de Lata Latina SL.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado estas declaraciones al sospechar que directivos de Indra se habrían concertado con dirigentes del PP para desviar fondos de ICM a través del presupuesto inflado de algunos de los contratos que desde 2007 habrían sido adjudicados desde aquella entidad pública a dicha mercantil.
DECLARACIONES «IMPRESCINDIBLES»
García-Castellón consideró que estas diligencias eran «innecesarias e inútiles» argumentando que hasta la fecha no resulta acreditada ni la existencia de un concierto por el que habría un trato de favor de ICM a Indra ni de sobrecostes en los contratos adjudicados por una a otra.
Sin embargo, la Sala de lo Penal se alineó con el Ministerio Público ordenando al juez que acordara estas comparecencias al estimar que son «imprescindibles» para «despejar dudas» sobre la posible comisión de delitos de fraude a las administraciones públicas, malversación, cohecho y falsificación de documento mercantil.
Los magistrados creen que se debe dar a estos imputados y testigos la oportunidad de «ofrecer su versión sobre los detalles de tal supuesta financiación irregular, especialmente cuando se trata de diligencias que no implican grandes dilaciones», ya que todas las personas mencionadas están en territorio nacional.
Cabe recordar que en el pasado mes de marzo el juez acordó archivar esta pieza separada de la ‘Operación Púnica’ para Indra y poco después, en julio, la Sala de lo Penal acordó el sobreseimiento definitivo.
García-Castellón optó por archivar al «no haber resultado la existencia de un incumplimiento grave de los deberes de control, vigilancia o supervisión por parte de la entidad, respecto de la actuación de sus empleados y, además, al haberse constatado la adopción y ejecución, antes de la comisión del delito, de un modelo eficaz de prevención supervisado por un órgano autónomo».
