miércoles, 20 octubre 2021 08:50

Madrid avisa que irá al TC si la Ley de Vivienda estatal invade sus competencias

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ha avisado este miércoles que el Gobierno regional presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional si la Ley de Vivienda estatal invade sus competencias.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la Real Casa de Correos, la consejera madrileña después de conocerse el pacto entre PSOE y Podemos de poner en marcha una nueva Ley de Vivienda, que incluye la regulación del precio del alquiler para bajarlos a las viviendas en manos de grandes propietarios.

«Estaremos atentos al texto pero si su aplicación dependiera de las comunidades autónomas buscaríamos como blindarnos hacia estas políticas intervencionistas y defender las huchas de las familias. Presentaremos el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y daremos la batalla jurídica», ha declarado Martín.

Creen que se «atenta directamente contra el Estatuto de Autonomía que recoge de manera expresa que las competencias en materia de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda corresponde a la Comunidad de Madrid».

En este sentido, la consejera madrileña ha sostenido que cumplirán «las disposiciones legales» pero ha incidido en que no llevarán a efecto aquellas medidas que dependan de su actuación y en las que tengan margen para no hacerlo, como por ejemplo la de definir las zonas tensionadas.

Para el Ejecutivo madrileño, esta normativa es «un ataque contra la hucha de las familias», medidas que les «generan miedo» y que «limitan su libertad». «Es una medida confiscatoria y un abuso sobre el propietario», ha dicho. Además, consideran que «ahuyentan las inversiones» del país y que han fracasado allí donde «han sido aplicadas».

«Frente al sectarismo ideológico del Gobierno de Sánchez, la Comunidad de Madrid defenderá la libertad de las familias y la propiedad privada», ha remarcado, al tiempo que ha defendido que su modelo es «justo el contrario»: «dar certeza y seguridad jurídica a las familias y a los inversores».