El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha anunciado este miércoles que el consejo de administración de la empresa pública Visocan se reunirá este jueves con carácter extraordinario para aprobar la compra de las primeras 18 viviendas en el municipio de Tazacorte que se destinarán a alojar a las familias que se han quedado sin hogar, según el orden de prioridad que decida la comisión técnica de emergencia social.
A esta primera compra seguirá la semana que viene la compra de otras 46 y así de forma sucesiva varias adquisiciones más hasta llegar al centenar de viviendas de las que se quiere disponer a finales de este mes de octubre.
Franquis añadió que esta compra de viviendas se complementará, en caso de ser necesario, con la adquisición e instalación de casas prefabricadas, para lo que ya se está gestionando con los ayuntamientos la cesión de suelo urbanizado.
El consejero realizó este anuncio en una rueda de prensa junto con al presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, y los alcaldes de El Paso, Sergio Rodríguez, Los Llanos de Aridane, Noelia García y Tazacorte, Juan Miguel Rodríguez, en la que se ha cerrado el protocolo general de actuación para gestionar la intervención social ocasionada por la erupción del volcán y crear un registro único de familias afectadas.
Con este protocolo, que será de aplicación solo en los tres municipios afectados por la erupción, se pretende homogeneizar las necesidades de los afectados para ofrecer una respuesta más rápida y eficiente desde las administraciones públicas.
El protocolo establece también la creación de una comisión técnica de emergencia social integrada por técnicos del Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos.
Esta comisión se encargará de elaborar el baremo con el que se atenderá a los afectados en base a criterios objetivos, trasladar cualquier necesidad que surja durante este trabajo social y servirá de coordinación entre las distintas instituciones.
«Este acuerdo de hoy simboliza, en primer lugar, la unidad de todas las administraciones públicas, y segundo, poner sobre la mesa los recursos de los que disponemos todas las administraciones para favorecer, agilizar y buscar las mejores soluciones posibles a esta tragedia», señaló Sebastián Franquis.
Por eso, dijo, «creo que hoy es un día importante porque a través de esta firma certificamos que las administraciones públicas están colaborando para que esta situación tan grave se pueda llevar lo mejor posible».
GARANTIZAR UN «PROYECTO DE VIDA»
Así, insistió en que lo que se va a hacer ahora «de manera urgente es atender a la emergencia habitacional que afecta a muchas familias de la isla, que cada uno tenga una vivienda provisional con la vista puesta en que un futuro no muy lejano, cada uno sepa ya dónde va a tener su vivienda definitiva, dónde va a vivir a partir de ese momento para volver a reconstruir su proyecto de vida».
En ese sentido, comentó, «garantizo que no va a haber dificultad por parte de las administraciones, y especialmente del Gobierno canario, para aportar todos los recursos y todos los medios que sean necesarios».
La consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, Nieves Hernández, recordó que, desde el inicio del mandato, la prioridad del grupo de gobierno insular han sido y siguen siendo las personas y su bienestar e incidió en que, desde el domingo 19 de septiembre, cuando se produjo la erupción, la corporación insular se ha centrado en un doble objetivo, que ha sido, «por un lado, y como no podía ser de otra manera, evitar que se produjeran daños personales, algo que se logró gracias a la planificación, al trabajo incansable de los operativos de seguridad y al civismo de la ciudadanía, y, por otro lado, el segundo objetivo, que es el de responder a la emergencia habitacional de las personas que se habían quedado sin vivienda».
En este momento, indicó, «todas las personas tienen un alojamiento digno y quienes tienen algún tipo de dependencia están bien atendidas, algo que era prioritario, y en lo que ahora seguiremos trabajando de la mano de los ayuntamientos y del Gobierno de Canarias para poder dar una pronta respuesta a esta necesidad de nuestras vecinas y nuestros vecinos».
Con la firma de este protocolo, al que también asistió la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife, Candelaria Delgado, se faculta al Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) a organizar el equipo de trabajo necesario para atender a las familias que han perdido sus hogares por la colada volcánica.
14 TRABAJADORAS SOCIALES
El equipo, que ya cuenta con los primeros efectivos en La Palma, está integrado por una coordinadora y 14 trabajadoras sociales que ha contratado la Consejería exclusivamente para este fin.
Estas trabajadoras sociales empezarán este mismo miércoles a recopilar toda la información obtenida por los servicios sociales de los ayuntamientos para en pocos días empezar a entrevistar personalmente a los afectados tanto en la nueva Oficina de Atención a La Ciudadanía Afectada por el volcán que se ha abierto en la Casa Massieu de Los Llanos de Aridane, como en los distintos alojamientos en los que están viviendo provisionalmente estas familias.
El consejero Franquis se reunió ya con las primeras trabajadoras sociales de este equipo y les transmitió la voluntad del Gobierno de Canarias de prestar toda la ayuda necesaria a aquellas familias afectadas por la erupción y al mismo tiempo les pidió que extremen la atención que se va a prestar a los perjudicados teniendo en cuenta la «grave» situación social, económica y hasta psicológica que atraviesan muchos de ellos.
El protocolo establece que este equipo de trabajo social será el encargado de clarificar, organizar y ordenar todos los datos que ya han recogido los ayuntamientos y el Cabildo por distintas vías de las familias afectadas y crear de esta forma un registro único de perjudicados.
Además, también realizará entrevistas personales a los evacuados para crear una ficha social con datos cuantificables que permitan establecer una tipología de las necesidades de estas familias.
Tras esta ficha se realizará un informe social con una valoración diagnóstica completa que permita gestionar de forma eficaz los recursos disponibles y se confeccionará un baremo para evaluar las necesidades de cada familia y establecer el orden de prioridad para ser atendido en base a criterios objetivos y de justicia social.
