El presidente de la Asociación Empresarial de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte), José María Toro, ha resaltado el «sentimiento amargo» que hay en el sector porque la última Mesa Interdepartamental de la Generalitat Valenciana sobre la covid no haya flexibilizado las restricciones en residencias. «Si tenemos que tener prudencia, debemos tenerla todos».
Así lo ha aseverado Toro, en una entrevista en 99.9 Plaza Radio, en la que ha señalado que, tras anunciar el Consell que se eliminan todos los aforos en hostelería, eventos y ocio nocturno es «un día de alegría porque hay que pensar en el conjunto de la sociedad, pero, por otro lado, hay un sentimiento amargo porque de nuevo nos quedamos al margen».
«No entendemos por qué si se rebajan las medidas en el conjunto de la sociedad no pasa en los centros residenciales», ha expresado el dirigente de la patronal de las residencias.
Asimismo, Toro ha confesado su preocupación por unas declaraciones sobre el fin de las limitaciones en residencias de la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, a la misma emisora. «Dejar el fin de las restricciones a que la OMS lo decida es desproporcionado y con falta de legitimidad jurídica, no podemos depender de quitar la reserva de plazas a que se complete o no la vacunación en África», ha argumentado.
Preguntado por si cree que se está produciendo un «intervencionismo encubierto» por parte de la administración y en qué se beneficiaría esta, ha declarado: «El hecho de que se reduzcan las plazas disponibles, en el fondo, reduce las personas que están en una residencia y, al mismo tiempo se incrementa, de manera indirecta, la ratio de atención. Esta conselleria parece que siempre ha tenido una obsesión con la situación económica de las empresas del sector que, para que no le quede duda a nadie, el año pasado tuvieron pérdidas».
El representante de Aerte ha urgido a «dar respuesta» la carencia de unas 21.000 plazas. «Para nosotros lo fácil sería callarnos, dejar que subiera la población de personas mayores y conservar las plazas que tenemos y los precios acabarían subiendo». En su opinión, esto lleva a la «intervención» y ha aludido al caso de la Ley de la Vivienda.
