IU elabora una iniciativa, a través de su área de Política Municipal, que llevará a los ayuntamientos donde tiene representación para reclamar la «reforma urgente de la financiación local».
Entre las propuestas concretas que incluye el texto de la moción está instar al Gobierno a que apruebe, entre otras medidas, una nueva normativa que conceda más autonomía financiera a las entidades locales», así como a «cumplir el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda sobre gestión directa de los Fondos Europeos de Reconstrucción Económica de ayuntamientos y cabildos insulares de, al menos, el 15% del total de los transferidos al Estado español».
El responsable federal de Política Municipal de IU, Rubén Pérez, ha considerado que el actual Gobierno de coalición y los acuerdos previos firmados para su formación «constituyen una oportunidad histórica para abordar plenamente las reformas reclamadas por las entidades locales».
De hecho, ha recordado que el acuerdo de gobierno incluye textualmente que el Ejecutivo ‘ampliará las competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como unidad territorial básica», derogando así la ley de racionalización de la administración local del PP con una nueva norma que conceda a los municipios la «capacidad de percibir unos tributos propios mínimos» y de disponer de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado.
Pérez ha afirmado que una vez que el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, que ahora inicia su trámite parlamentario, la reforma de la financiación local pasa a ser un asunto «prioritario» en lo que resta de legislatura.
El dirigente federal de IU ha dicho que esta idea se reafirma por el «trascendental papel que han jugado los ayuntamientos en la contención socioeconómica de los efectos causados por la crisis sanitaria del Covid-19», donde han realizado un «gran esfuerzo inversor, al haber asumido competencias impropias y haber contribuido a ampliar el escudo social para proteger a familias, bonificar a la hostelería y al comercio local, o para garantizar servicios sociales básicos».
«Es necesario garantizar un debate conjunto sobre financiación autonómica y local que permita abordar la necesaria financiación local de un modo global y con un modelo concertado entre Gobierno central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos», ha argumentado.
