La titular del Juzgado Penal de 2 de Mataró (Barcelona) ha pedido al Gobierno que tipifique la violencia económica como una modalidad de violencia machista y la incluya en el Código Penal, ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado este viernes.
En el escrito,la jueza explica que el impago de las pensiones alimenticias –una forma de delito de abandono de familia– «en muchas ocasiones» es una manifestación de violencia de género, como en el caso que ella ha juzgado y que derivaba del divorcio de una pareja entre la que había habido denuncias por maltrato habitual y violencia en el ámbito familiar.
La jueza ha añadido su exposición razona para pedir tipificar este delito en una sentencia por impago de pensión alimenticia tras un divorcio, en el que condena al acusado a 11 meses de prisión por un delito de abandono de familia y en el que «los hechos enjuiciados tienen además un contexto específico de violencia de género que no puede pasar desapercibido».
La magistrada defiende que la violencia económica es una forma de violencia machista y explica que «consiste en la privación intencionada y no justificada de recursos para el bienestar físico o psicológico de una mujer o de sus hijos o hijas», en el impago reiterado de pensiones, obstaculizar que usen recursos propios o compartidos y la apropiación ilegítima de bienes de la mujer.
«La violencia económica se lleva a cabo controlando el acceso de las mujeres a los recursos económicos, disminuyendo la capacidad de las mujeres para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos y sus hábitos de vida previos, dependiendo financieramente del marido, pareja o ex y socavando sus posibilidades de escapar del círculo de abuso», explica la jueza, y subraya que también afecta a los hijos en común.
El escrito de la jueza incluye datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, según los que un 11,5% de mujeres mayores de 16 años ha sufrido violencia económica.
